Las patronales piden medidas para lograr más competencia o ayudas al porte de mercancías

Las patronales de las Pitiüses consideran que las tarifas que aplican las navieras al transporte marítimo deben garantizar a los armadores una rentabilidad razonable, alejada de las actuales tarifas que estrangulan la rentabilidad de los negocios insulares y que obligan a mantener precios mucho más elevados que en la Península o en Mallorca. En este sentido, tanto CAEB como la Pimeef reclaman a las Administraciones que busquen medidas para solucionar la situación, desde el incentivo de la entrada en el mercado de más compañías a ayudas de algún tipo a los empresarios.
«Comprendemos que el transporte aéreo o marítimo es caro, pero estamos en un momento en el que las cuotas son desorbitadas», lamenta el vicepresidente y responsable en las Pitiüses de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears, Joan Bufí.
El empresario considera que «si es cierto que se tienen que cobrar estos precios y tienen que ser tan elevados, que al menos, estén subvencionados en parte por parte de las Administraciones porque nuestra economía es débil, está muy gravada por el transporte». La fórmula concreta de las ayudas debería realizarse con un estudio de gastos y precios para saber el coste real y aplicar un beneficio razonable para las navieras, propuso
«Si los precios deben ser tan elevados, alguien debe ofrecer ayudas porque esas tarifas no sólo influyen sobre el empresario; también lo hacen sobre el ama de casa que se va a comprar un cartón de leche», concluyó.
Competencia
El vicepresidente de Pimeef, Alfonso Rojo, coincide en lamentar los precios tan elevados que se aplican y recuerda que esta es una de las quejas habituales que se plantean a las Administraciones en diferentes foros, aunque fundamentalmente en la Mesa del Transporte Marítimo.
«El lamento siempre ha sido que existe poca oferta, no porque haya pocas frecuencias puesto que, en eso, podemos decir que hay una buena cobertura», explica Rojo. «El problema es que no hay suficiente variedad de oferta de empresas, de forma que los precios son casi intocables, no hay competencia», añade.
Ante este panorama, agravado según reconoce Rojo desde el colapso de Iscomar, «las Administraciones deberían tomar medidas para aumentar la liberalización de precios, aumentar la competencia o, en su defecto, buscar formas de fijar los precios máximos que se puedan aplicar».