El Ayuntamiento de Sant Josep presentó ayer su nueva versión de las Normas Subsidiarias, que se aprobará hoy inicialmente en pleno después de un periodo de exposición pública en el que se han presentado 500 alegaciones.

Entre los cambios introducidos hay un suelo que el Ayuntameinto quería declarar como rústico pero que finalmente tendrá que dejar como urbanizable por miedo a tener que pagar indemnizaciones. Se trata de un terreno que linda con la rotonda de sa Carroca y que ya cuenta con todas las calles y servicios. «El equipo redactor de las normas nos advirtió de que nos teníamos que pensar muy bien si lo queríamos declarar rústico, porque no está justificado y nos presentaron alegaciones en este sentido», explicó el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, que indicó que el 30% de las viviendas que se construyan allí se tendrán que destinar a Vivienda de Protección Oficial (VPO), algo que viene obligado por ley. En total se podrán construir más de 300 viviendas y se tendrá que hacer una cesión de suelo al Ayuntamiento de 20.000 m2. Prats indicó que aunque lo querían dejar como rústico, pensaron que también vendría bien tener un sector para VPO. Lo cierto es que por ley los promotores ya están obligados a destinar un cierto porcentaje de nuevas edificaciones a este tipo de vivienda.

En total son 54.400 metros cuadrados de terreno que inicialmente eran urbanizables pero que Sant Josep pintó como rústicos en su primera versión de la snormas. Ahora, los informes técnicos desaconsejan esta solución.

Otra de las grandes novedades de este texto es que la zona de sa Caixota afectada por el desprendimiento queda prácticamente como inedificable en aplicación del Plan Territorial Insular (PTI), que recoge que los terrenos con una pendiente de más del 40% serán inedificables. Y prácticamente toda la zona de peligro tiene esa pendiente.

En sa Caixota se tendrá que delimitar una zona de medidas especiales, que es la afectada por el derrumbe, y ahí donde haya peligro de desprendimientos se tendrá que hacer un proyecto de recuperación que sea validado por un geólogo.

En la anterior versión de las normas se estipulaba que se tendría que aprobar un plan especial en la zona, pero finalmente se ha visto que era imposible desarrollarlo, según explicó el concejal de Urbanisme. «Los propietarios tendrán que hacer un modificado del proyecto de urbanización para completarla porque nunca se ha recepcionado y se tendrá que hacer un proyecto de compensación para que entre ellos compensen a la gente que haya perdido la calificación de zona edificable», explicó Prats, que indicó que si alguien se «atreviera» a presentar un proyecto para edificar en la zona del derrumbe tendría que demostrar que está todo consolidado y que se responsabiliza de lo que pueda pasar. «Las normas no dicen que la zona sea inedificable, pero pensamos que no se podrá edificar», explicó Prats, que indicó que también han blindado la zona en caso de que presentaran un proyecto antes de estar aprobadas las normas.

En el primer punto de la nueva normativa urbanística de Sant Josep se oficializa la división del municipio en pueblos y véndes. El concejal Josep Antoni Prats se mostró especialmente orgulloso de ello, porque de esta forma se «preservan las señales de identidad» del territorio y se recoge una forma de dividir el suelo «absolutamente original» de las Pitiüses.

Se recogen todas las véndes tradicionales pero también se crean algunas nuevas,porque «las véndes siempre se han adaptado a la realidad y han ido evolucionando». Por eso, a partir de hoy cuando se apruebe en pleno la normativa existirán las nuevas véndes de Cala de Bou y de Platja d'en Bossa.