El Govern balear aprobó ayer un decreto de medidas territoriales y medioambientales mediante el cual faculta al Consell d'Eivissa para decidir los usos de sa Coma y rehabilitar edificios sin tener que esperar a modificaciones urbanísticas del Ayuntamiento de Sant Antoni y de Santa Eulària o del Plan Territorial Insular (PTI). De esta forma se acaba con la situación de ilegalidad en la que estaba el centro de menores de sa Coma, que el Ayuntamiento estaba dispuesto a desalojar si el Consell no aportaba todos los permisos.

El presidente del Consell, Xico Tarrés, explicó ayer que este arreglo sólo podía hacerse vía decreto, ya que hay muchos servicios que se instalarán ahí que tienen un carácter supramunicipal y dan servicio a toda la isla. «Tenemos que poder actuar con rapidez», resaltó Tarrés, que cree que es mucho mejor que sa Coma sea responsabilidad de una única administración para no tener que sufrir «más retrasos». Preguntado por la actitud de Sant Antoni, el presidente dijo que a él le gusta ser «terriblemente leal» a las instituciones y piensa que los menores ya están en una situación suficientemente desagradable como para que no haya unión en este asunto.

El decreto establece que el antiguo acuartelamiento de sa Coma estará destinado a equipamientos e infraestructuras. Su ordenación se efectuará por un plan especial «formulado y aprobado» por el Consell, «de conformidad con la legislación urbanística y ambiental». Previamente, la máxima institución insular deberá informar a los ayuntamientos y asignar a las diferentes zonas los correspondientes usos previstos y su intensidad.

Rehabilitación

Mientras no esté aprobado el plan de usos de sa Coma, el decreto establece que el Consell podrá rehabilitar edificios y asignar usos. También se podrán implantar infraestructuras de interés insular justificadas por razones ambientales. Todas las actuaciones que se lleven a cabo tendrán que incluir medidas de integración paisajística. En este sentido se incluye la posibildiad de que estas medidas lleven aparejadas labores de educación ambiental.

En el decreto también se reajustan los límites de la ANEI que rodea el campo de tiro porque el espacio protegido pasaba por un lugar incorrecto. De esta forma se gana un poco más de terreno ANEI.

El presidente Xico Tarrés anunció la aprobación del decreto durante el pleno del Consell de ayer, justo cuando el conseller del PP Vicent Serra le recriminaba que el centro de menores no contara con todas las licencias. El conseller pedía que se legalizara este centro porque se trata de un lugar conflictivo donde incluso se pueden producir incendios y es «imprescindible» que todo esté en regla. La consellera de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, recordó que cuando los menores estaban en Can Pep Xico, en épocas del PP, tampoco tenían licencia de actividad. Tarrés resaltó que le parece «peligroso» que el PP saque a relucir según que cosas porque hay muchos servicios que no han contado con licencia de actividad durante años, como por ejemplo el hospital Can Misses o el colegio de sa Graduada. «No sé si el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene», dijo el presidente, que indicó que parece que esto sea «lo más grave del mundo».

El presidente del PP, Miquel Jerez, criticó en Radio Ibiza Ser la aprobación de este decreto con el que se hace «urbanismo a la carta». Consideró que en el caso del hospital sí era urgente, pero este no.

El conseller del PP Vicent Serra criticó ayer al equipo de gobierno porque considera que el tema del centro de menores, situado en sa Coma, «se les ha ido de las manos». Además de la falta de permisos, Serra pidió que se aumente el personal porque ha habido ataques de menores a un discapacitado de las brigadas del Consell, destrozos en el centro ocupacional, incendio de un autobús e incluso un menor ha amenazado con un hacha a un monitor. Por ello pidió el aumento del personal de seguridad y que el centro ocupacional de discapacitados, que estaba en sa Coma y se ha trasladado temporalmente a la Cruz Roja, se instale en el edificio de Cas Serres.

Asimismo, pidió un informe de Secretaría para saber si se ha asumido correctamente el personal de Intress, que antes gestionaba el centro.

La consellera de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, aseguró sentir «lástima» al oír estas críticas porque cree que Serra utiliza a los menores para «sacar rédito político». Recordó que cuando el centro estaba en un piso de Vila y generaba problemas ellos nunca hicieron oposición. Además, cree que se intenta dar una visión de los menores como «bestias» cuando han «sufrido mucho».

La consellera anunció que se ha mejorado la vigilancia (hay dos guardias de seguridad) y se han mejorado las condiciones de los trabajadores (se ha aumentado los gastos en personal de 300.000 a 700.000 euros). También rechazó trasladar el centro ocupacional a Cas Serres porque ahora no hay sitio.

El Consell aprobó ayer por unanimidad el convenio para la compra de sa Coma y el Polvorí de Santa Gertrudis. Este punto fue presentado de urgencia porque se firmó esta misma semana con Antich y porque no querían aplazarlo «un mes más», según defendió Tarrés.

El conseller del PP Vicent Serra criticó que la compra de sa Coma les parece cara respecto a los precios que se han pagado en la península.

También se aprobó de urgencia la contratación de la seguridad y salud de las obras de rehabilitación de la Comandancia.