Cruce de descalificaciones en el Parlament por la auditoría de las carreteras

La diputada popular y ex consellera balear de Obres Públiques, Mabel Cabrer, aseguró que auditar «unas carreteras sí y otras no es un acto partidista» y una «persecución política». En este sentido, Cabrer estableció un paralelismo entre las autovías de Eivissa y de Manacor, para destacar que las primeras tenían «todos los informes jurídicos y de intervención favorables» mientras que la de Manacor «fue objeto de una operación de la fiscalía anticorrupción». Asimismo, criticó que los modificados realizados por el actual gobierno supusieron «un sobre coste de siete millones» para la carretera de Sant Antoni, y de «12 millones» en la carretera del aeropuerto.

En su Proposición no de ley Cabrer también consideró «desproporcionado» el gasto de 870.000 euros para hacer la auditoría. «El grupo popular no se niega a que se audite nada del anterior Govern, sí se niega a que se haga de forma partidista y sectaria», concluyó la ex consellera.

Negativa del Parlament

La diputada del grupo mixto, Marian Suárez, fue la encargada de argumentar el rechazo a la propuesta del Partido Popular.

Suárez aseguró que la auditoría a las autovías de Eivissa «es una medida puntual y bien argumentada» que permitirá «detectar los errores cometidos» en la anterior legislatura y cuya consecuencia será «regresar dinero» a las arcas públicas, como el destinado a «comprar quitanieves, que permitiría pagar tres auditorías». Asimismo, recordó «la desconfianza que generó todo el proceso de construcción de las autovías de Eivissa» y enumeró los aspectos «sospechosos» que han llevado a esta investigación, como «el coste» de las carreteras, que fue de «12,5 millones de euros por kilómetro» y por lo que se convirtieron en las «más caras de Balears». También criticó el diseño, «en trinchera, que es inviable técnicamente y que ha afectado a los acuíferos de Sant Jordi»; las expropiaciones, «con numerosas sentencias (un 90%) que demuestran que no se hicieron conformes a la ley»; el vertido de residuos, «con sentencias que demuestran que la UTE que construyó la autovía al aeropuerto pactó con un particular el poner las tierras en una propiedad suya para hacer un campo de golf que aún no tenía permiso», entre otras cuestiones, como la falta de drenajes, que fue «la mayor irresponsabilidad» por las inundaciones que provoca.

Por último, Suárez aseguró que el coste de los modificados «responde al grado de especialización de los trabajos que realizan y a las cuantías de las autovías» y destacó que la auditoría de Manacor la tendría que hacer el Consell mallorquín y no el Govern.

Para Marian Suárez, los populares «están preocupados por el resultado de la auditoría». «Hemos tenido la sensación de que querían que esta auditoría no se llegara a hacer, y estoy hablando de las dificultades que tiene el Govern para adjudicarla. No es anecdótico que el primer concurso lo ganara una empresa vinculada a la UTE que construyó las autovías, y que, la segunda vez, se adjudicara inicialmente a una empresa relacionada con miembros del PP», concluyó Suárez.