J.M.A.29/08/09 0:00
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El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa tomará declaración en calidad de imputado el próximo octubre al responsable de Arqueología del Consell d'Eivissa, Joan Ramon, en el contexto de las investigaciones que se siguen por presuntos delitos contra el patrimonio cometidos durante la construcción de las autovías. Por este asunto ya declararon como imputados el pasado 27 de mayo quien fuera conseller de Patrimoni en el periodo de construcción de las carreteras, Joan Marí Tur, Botja, y su mano derecha entonces, Antoni Arabí Serra, ex director de Patrimoni. Aquel día Marí Tur negó ante el juez Pablo Mendoza, entonces titular de Instrucción 3, haber propiciado la destrucción de bienes arqueológicos durante las obras. Añadió también que si no expedientó a la empresa constructora de las carreteras por la destrucción de hallazgos arqueológicos fue porque era «partidario del diálogo».

La denuncia que ha derivado en estas tres imputaciones la interpuso el GEN y hace referencia a los restos arqueológicos destruidos durante las obras en el segundo cinturón de ronda. Existe otra denuncia por la destrucción de restos encontrados durante los trabajos en la autovía de Sant Antoni que aún se está estudiando en este juzgado.

Peritaje

El juez Mendoza, antes de citar a Botja como imputado, encargó un peritaje que realizó una experta del Ministerio de Cultura que concluyó que los daños al patrimonio «se hubieran podido evitar» si se hubiera «cumplido la legislación». A raíz del peritaje se emitió un auto judicial: «Llama especialmente la atención que, al parecer, no se haya incoado ni un solo expediente de infracción de la Ley de Patrimonio a la empresa adjudicataria de las obras pese a la palmaria evidencia de algunas infracciones».

El juez preguntó a Botja reiteradamente por qué no expedientó a la empresa que construyó las autovías, MAB, pese a las advertencias, denuncias y evidencias y éste respondió que no lo hizo porque «optó por el diálogo y la colaboración con la empresa», según manifestó su abogado.

«Está claro por las pruebas practicadas a petición del juez que ha habido destrucción de yacimientos y que esto se podría haber evitado siguiendo los procedimientos de la ley de patrimonio y que no se han seguido», valoró ayer la portavoz del GEN, Neus Prats. «Evidentemente, hay alguien que es responsable de estos hechos y se trata de ver de quién o quiénes son estos responsables de la destrucción de patrimonio, algo que está probado y que no se discute», añadió.