El diputado autonómico por Formentera, Pep Mayans, mantuvo ayer su perplejidad ante todo lo sucedido con la planta depuradora de aguas residuales de la Pitiusa Menor y los vertidos incontrolados a través del emisario marino en la zona entre es Caló de s'Oli, s'Estany des Peix y Punta Pedrera.
Mayans no entiende que tras la ampliación de 2007, con la instalación de un sistema de tratamiento de emergencia fisicoquímico para afrontar un fallo en la planta, y el incremento de capacidad de procesamiento, se sigan produciendo, cada año problemas de este tipo en los meses de verano.
En junio de 2008, recordó Mayans, «hice unas preguntas al Govern balear para conocer qué actuaciones se habían hecho en la depuradora y la contestación se limitó a desglosar unas cantidades que se habían invertido en la ampliación, modificación y complementación de la depuradora»; pero para Mayans lo más grave es que en febrero de 2007, el entonces conseller de Medi Ambient del Govern balear, Jaume Font y el alcalde de la isla, Isidor Torres, cuando inauguraron las obras de ampliación de la depuradora señalaron que se había incrementado la capacidad de aireación de la planta, la construcción de un reactor biológico, ampliación de la capacidad de desodorización, instalación de una depuración terciaria «y la incorporación de un tratamiento fisioquímico de emergencia, detalle muy importante ya que estaba previsto para los casos en que hubiera fallos en el sistema de depuración normal, al tiempo que se ampliaba el volumen de tratamiento pasando de algo más de 2.000m3 diarios a 3.500m3 diarios».
Para Mayans hay algunos detalles que no cuadran ya que desde el Govern se habla de puntas de 3.000m3 que son las que provocan los problemas cuando en teoría la planta está preparada para tratar los 3.500m3 según las obras finalizadas en febrero de 2007.
Emisario marino
Otro cuestión que el diputado autonómico considera grave es el hecho de que «si la avería se produjo un martes, por qué no sé informó a la máxima institución de la isla, el Consell de Formentera hasta el viernes, las administraciones deben saber lo que pasa para que puedan coordinarse aunque sea una instalación que gestiona el Govern balear a través de una empresa pública pero el Govern debe informar de inmediato de lo que sucede al Consell que es el representante de los ciudadanos de la isla».
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