El conseller de Finances Corporatives, Tomás Méndez, anunció ayer que la máxima institución prevé haber saldado a finales de julio todas las deudas contraídas con proveedores, pymes, ayuntamientos y entidades sociales, por valor de 7,5 millones de euros, y abonar con otros 5,5 millones inversiones pendientes y «antiquísimas».

El conseller explicó que, hasta el momento, de la primera partida de 7,5 millones, la máxima institución ha saldado una deuda de 4,9 millones de euros repartidos entre proveedores, Pimeef y autónomos (1,8 millones), ayuntamientos (más de un millón de euros), asociaciones (800.000 euros), y contratistas (1,1 millones de euros). Asimismo, Méndez destacó que de esta primera remesa, queda pendiente el pago de 400.000 euros para pymes y proveedores y de 2,3 millones para el capítulo de contratistas.

En cuanto a las retribuciones realizadas y por realizar, el conseller destacó que la institución ha logrado rebajar el período de pago de deudas contraídas de 75 a 45 días. «La verdad es que pocas administraciones lo están haciendo. Lo hacemos con esfuerzo, pero lo estamos cumpliendo», destacó Méndez, quien reconoció que aún quedan fuera de este cumplimiento «grandes pagos y cuestiones que se han quedado atrasadas como las becas de los estudiantes».

Inversiones antiguas

Para completar los 13 millones con los que el Consell pretende inyectar «liquidez en el sistema», Méndez explicó que el viernes en el pleno del Consell se aprobará un reconocimiento de deuda de 5,5 millones para abonar impagos pendientes a 31 de diciembre de 2008, que se repartirán fundamentalmente en 2,5 millones todavía impagados en concepto de la construcción de la carretera de Sant Rafel, transferencias por 1,7 millones a los Consistorios por el Plan Insular de Obras y Servicios de los últimos dos ejercicios, e intervenciones del Consorci Emprenem. «Son deudas atrasadas que antes el Consell ni había reconocido. Con este pago con quitaremos un peso que viene de años anteriores», destacó. Para lograr los 5,5 millones, el Consell se acogerá a las medidas extraordinarias del Gobierno central que permiten el endeudamiento de las entidades locales para sanear sus deudas pendientes.

La Comisión de Morosidad de las Administraciones tuvo ayer su primer encuentro. Está formada por el sector privado y el público, con representación del Consell, los ayuntamientos, la oposición, Caeb, Pimeef, Cambra de Comerç y la Federación de Hostelería. Según destacó Méndez, en este primer encuentro «se habló con franqueza» y se pusieron sobre la mesa todas las cuestiones sobre la situación económica. Méndez destacó que la reunión fue «muy positiva». «Se ha dado un paso muy grande, sobre todo el transparencia y colaboración», destacó.