Salvador Roig, el arquitecto y ex miembro de la Comisión de Patrimonio de las Pitiüses (conocida como Ciotupha) que recurrió el derribo de Ca ses Castellones, demandó ayer «una mayor actividad en la protección del patrimonio» y que las Administraciones no ignoren la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) que limitaba las actuaciones urbanísticas cuando afecten a elementos de valor artístico o cultural.

«Existe un 'ruido' en medios políticos, con declaraciones de responsables de urbanismo de diferentes administraciones de las Pitiüses, en el que se apunta que pueden producirse cambios legislativos para salvar los impedimentos que fijan las leyes de patrimonio y que la sentencia recuerda y reafirma», explicó. «Me niego a creer que los poderes ejecutivo y legislativo de la Comunitat piense en saltarse a la ligera las leyes patrimoniales», añadió.

Mala aplicación

Roig aprovechó para criticar el hecho de que «hasta ahora la ley se está aplicando mal». «La norma, como recuerda la sentencia de Ca ses Castellones, dice que los Ayuntamientos son quienes, en última instancia, deben velar por la aplicación de la ley y que el hecho de que haya informes favorables a una obra por parte de otros organismos o administraciones no significa que el Consistorio debe evitar su obligación de comprobar que todo es legal», aseguró.