Fiscalía ve un «error flagrante» de la Administración en la expropiación de Matutes

El fiscal considera que con la información aportada hasta el momento por la Conselleria d'Obres Públiques no hay suficiente, porque quiere saber qué funcionarios se encargaron de realizar las valoraciones y qué criterios se utilizaron para considerar qué suelos eran rústicos o urbanos. En concreto, quiere conocer si los funcionarios sólo se basaron en el catastro o si también consultaron la normativa urbanística del Ayuntamiento de Sant Josep y del Consell.

El error en las expropiaciones se produjo al valorar como urbanos suelos que eran rústicos o urbanizables, algo que según el fiscal está probado. En la documentación aportada hasta el momento por el Govern sólo hay certificaciones catastrales en las que en algunos casos se habla de parcelas rústicas con clasificación urbana. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico todavía no ha aportado información sobre algo que denunció el conseller d'Obres Públiques en el Parlament, y es que el Govern del PP habría pagado fincas a Matutes que previamente ya eran públicas. Además, entre la documentación que ha enviado el Ejecutivo autonómico hay informaciones contradictorias como actas previas de ocupación en las que se afirma que los terrenos son rústicos y sin embargo luego se pagan como urbanos.

Fiscalía quiere conocer más detalles sobre todo este asunto y por eso considera que el Govern tiene que elaborar un informe completo sobre ello porque considera que es un asunto que hay que investigar de forma promenorizada, ya que son hechos de «gran trascendencia» y que crean «alarma social» por la elevada cuantía del error, que afecta de forma importante a las cuentas de la Administración.

De todas formas, desde Fiscalía remarcaron que por el momento no se ve ningún tipo de mala fe por parte de los particulares afectados (Empresas Matutes) como sí insinúa la denuncia de la Plataforma Antiautopistas que dio pie a la investigación. Según el fiscal, estos particulares se limitaron a reclamar ante la Administración sus derechos como propietarios de una serie de terrenos. Eso sí, el fiscal advierte un «flagrante» y «brutal» error por parte de la Administración que debe ser investigado para aclarar por qué se pagó tanto dinero de más por las expropiaciones.

Recientemente Empresas Matutes devolvió 3,5 millones de euros por este error. El fallo también afectó a la familia del senador progresista Pere Torres, Casetes y en este caso tuvieron que devolver una cantidad cercana a los 400.000 euros.

La Fiscalía ha pedido también al juez que investigue la expropiación del senador progresista Pere Torres, Casetes. Tanto el senador como su familia vieron que el Govern del PP les valoraba sus suelos como urbanos cuando eran urbanizables, algo que les permitió cobrar 400.000 euros más de lo que les correspondía una vez firmaron el justiprecio con el actual Govern progresista. Esta cantidad ya ha sido devuelta al Ejecutivo autonómico una vez se ha advertido el error.

La causa de las expropiaciones se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, cuyo titular es el decano Juan Carlos Torres. La investigación se inició por parte de la Plataforma Antiautopistas, que vio un trato de favor por parte del Govern del PP a Empresas Matutes al valorarle como urbanos suelos que no lo eran.