G.ROMANI

El portavoz del PP de Formentera en el Consell, Juanma Costa, anunció ayer la decisión de su partido de solicitar la comparecencia en pleno del presidnete de la primera institución, Jaume Ferrer y la consellera de Medi Ambient i Litoral, Silvia Tur, para que den explicaciones sobre las imputaciones que mañana les llevarán a juicio por una denuncia presentada por Fabio Covizzi, un adjudicatario de las concesiones temporales de servicios de playa.

«Se trata de la imputación de un delito de presunta coacción -dijo Costa-, tanto al presidente como a la consellera de Medi Ambient y ante la nula información proporcionada por el equipo de gobierno, tanto a los grupos de la oposición en el Consell como a los ciudadanos, el PP pide la comparecencia en pleno de Jaume Ferrer y Silvia Tur, para que den las oportunas explicaciones sobre los hechos ocurridos».

Transparencia

Pero al mismo tiempo Juanma Costa inquirió para que se hagan públicas el número de denuncias o expedientes sancionadores que se presentaron en su día o durante un tiempo determinado contra los kioscos que representa el empresario que ha presentado la denuncia ante los tribunales, en referencia a Giallo y Blanco situados en Migjorn que en 2008 no pudieron abrir por decisión del Consell, para, señaló Costa, saber los antecedentes que llevaron al Consell a tomar una medida de esta importancia.

«En su momento, cuando salieron los hechos en la prensa, cuando el Consell dijo que no iba a solicitar a la Demarcación de Costas la renovación de las adjudicaciones temporales de los mismos, ya dijimos que el procedimiento estaba mal hecho». Y por ello Juanma Costa incidió en que «los adjudicatarios de las concesiones temporales tenían un período de cuatro años para mantener dicha autorización, eso sí -puntualizó Costa-, salvo que Costas no autorice dichas concesiones, pero no era el caso ya que fue el Consell el que no solicitó dichas autorizaciones».

El PP entiende que no se tenía que haber dejado la concesión de ambos kioscos, Bianco y Giallo, no sólo en la temporada de 2008 sino también en el nuevo concurso para las solicitudes de cara al período 2009-2012. Según Costa «estamos dando una falta de servicios a los usuarios según marca la Ley de Costas, una falta de servicios que afecta a los turistas que nos visitan y por ello entendemos que estos acontecimientos perjudican de manera muy seria los intereses turísticos de la isla y perjudican la imagen de la misma delante del mercado italiano tan importante en el día de hoy para los formenterenses».

El Consell de Formentera a través de su abogada defensora, Ascensión Joaniquet, interpuso un recurso de Reforma en la citación ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Eivissa de comparecencia para declarar por presunto delito de coacciones al presidente del Consell, Jaume Ferrer y a la consellera de Medi Ambient i Litoral, Silvia Tur. Mediante nota de prensa se indicaba en primer lugar que «la conselleria de Medi Ambient i Litoral procedió de manera correcta ya que el el pliego de condiciones de las concesiones, el Consell podrá solicitar, de manera optativa, la renovación de la autorización en función de las necesidades que se estimen en un momento determinado».

El recurso se basa en tres alegaciones «que los hechos denunciados por la acusación no son constitutivos de delito penal o por delito o falta por coacciones». La defensa entiende que las acusaciones hechas «estarían relacionadas con irregularidades administrativas y que en ningún caso podrían ser constitutivas de una caso de coacciones».