La Oficina de Información, Asesoramiento y Orientación a la Ciudadanía en temas de Inmigración (OFIM) del Consell d'Eivissa ha visto dispararse la demanda en 2009 al aumentar en un 117 por ciento la asistencia. Atendió a 270 personas hasta el 20 de mayo, 40 del año pasado y 230 nuevas que han solicitado asistencia. La OFIM, que se puso en marcha en julio de 2008, atendió a 196 personas el año pasado realizando 453 intervenciones. «A finales de 2008 y principios de este año, con la situación de crisis, se ha disparado un poco la demanda», informó ayer la consellera de Política Social i Sanitària, ante este aumento aunque señaló que habrá que realizar un balance completo del año para ver su evolución y plantearse un crecimiento del servicio.
La mayoría de las personas que han acudido «viven una situación social muy angustiosa y sin recursos para que les asista un letrado de pago», dijo la abogada de la OFIM, María del Carmen Marín. También aludió a colectivos que «necesitan una gran ayuda jurídica» como los que han venido en pateras o cayucos, la mayoría con procedimientos de expulsión y acusados de delitos contra la propiedad intelectual. La Oficina, cuya ubicación temporal se encuentra en el edificio de servicios sociales de Cas Serres a la espera de su traslado a un local más céntrico de la ciudad, ofrece asesoramiento al margen de la situación en la que se encuentren las personas que recurren a ellos.
Este año ha sido la denegación de la renovación de residencia uno de los principales motivos de consulta al endurecerse la aplicación de la Ley de Extranjería debido a la crisis. «Antes era más flexible. Muchos no acreditan suficientemente bien los requisitos para renovar y se les deniega», dijo la letrada de la OFIM. Marín incidió en «el desconocimiento de la Ley de Extranjería y se debería formar más a los juristas porque de ese desconocimiento se derivan una serie de problemas como una pérdida de derechos para algunas personas. Mencionó situaciones como la detención de inmigrantes por estancia irregular, «que necesitan asistencia jurídica y hay que comprobar la situación en la que están porque no a todas ellas se les tiene que abrir un procedimiento de expulsión» pidiendo que haya más formación a los letrados de los turnos de extranjería. También pidió más asesoramiento en la tramitación de renovaciones de permisos de residencia y trabajo. «Con la crisis se han endurecido los términos con los que se aplica la ley», explicó Marín. También pidió que haya más difusión de la Ley de Memoria Histórica que beneficia a los descendientes de los exiliados.
Los datos se dieron a conocer ayer en la presentación de la memoria de la OFIM, un recurso que se puso en marcha el año pasado y por el que Abascal siente «una satisfacción personal, porque cuando llegamos al Consell no existía» recordando que fue un compromiso electoral y personal. «No podía imaginarme que en una isla en la que tenemos un 24% de población no española no existiera un punto de información al inmigrante», apostilló.
El retorno voluntario voluntario, sea por su situación social o por abono anticipado del paro, ha sido unas de las demandas más frecuentes del año pasado al contabilizarse 56 peticiones de las 196 totales en los que el colectivo latinoamericano ha sido el que ha registrado más demandas. Estas demandas se han estabilizado. El año pasado se fueron por su situación social 12 personas y este año se han ido seis. «Ahora está un poco parado, a falta del presupuesto estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración», dijo Ernesto Pardo, trabajador social.
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