El primer teniente de alcalde de Vila, Santiago Pizarro, aseguró ayer que en breve prevén cerrar un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial (antes 'Administraciones Públicas') sobre los usos futuros de sa Graduada, último paso antes de que se pueda proceder a la cesión efectiva del terreno al Gobierno y se puedan iniciar las obras de los nuevos juzgados de Eivissa.

«Tenemos prácticamente cerrado un acuerdo con el Ministerio de Justicia y queda por concretarlo con el Ministerio de Administraciones Públicas. La ministra (Elena Salgado) estuvo aquí hace poco y dijo que en un plazo muy breve estaría cerrado pero tenemos la suerte de que, cada vez que estamos cerca de cerrar los acuerdos, nos cambian el ministro. Y aunque no lo parezca, estas cosas retrasan los procesos, pero el acuerdo con Justicia está casi cerrado y el de Administraciones Públicas no tardará mucho», dijo Pizarro.

Cesión
El acuerdo con el departamento que ahora dirige Manuel Chaves en sustitución de Salgado se centra en la ubicación, instalaciones y espacio que se cederá para la ubicación de la Dirección Insular de la Administración del Estado. Dicha negociación debe finalizarse antes de poder pasar a firmar el convenio de cesión efectiva de los terrenos municipales.

«El acuerdo no es con este ministerio o con el de Justicia; el acuerdo es con Patrimonio del Estado, un ente que depende de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, otra cosa es que después se diga que un terreno es para uno u otro departamento», explicó el concejal.

Respecto a las diferencias entre el Govern y Justicia en la valoración del coste de la construcción de los nuevos juzgados (la Administración balear calcula que harán falta 16 millones, el doble que lo inicialmente presupuestado por el ministerio), Pizarro señaló que estas discrepancias «forman parte de un proceso negociador en el que cada parte intenta arrimar el ascua a su sardina» y aseguró que «en todo caso, el Ayuntamiento, con poner a disposición de las Administraciones el solar ya ha acabado su tarea».

El juez decano, Juan Carlos Torres, lamentó ayer que todavía no se hayan cerrado los acuerdos precisos para iniciar las obras de la nueva sede judicial y mostró su temor a que «no se pueda tener el nuevo edificio, como muy pronto, en 2013». Igualmente, coincidió con el conseller de Presidència, Albert Moragues, en que los nuevos juzgados de sa Graduada pueden nacer sin apenas margen de crecimiento si se mantiene el actual proyecto. «Cuando lo ocupemos, posiblemente ya se necesiten unos 8.000 metros de los 10.000 disponibles. Creo que si se hace la nueva infraestructura debería poder garantizar la cobertura de las necesidades a 20 años vista y disponer, al menos, del doble de espacio. Es posible que para 2015, la nueva sede ya no dé más de si», apuntó el magistrado. Respecto al traslado temporal al edificio Cetis, Torres apoyó que se concentren allí los Juzgados de Primera Instancia, el Registro Civil y la Oficina Común de Notificaciones.