El que fuera director insular de la Administración del Estado en las Pitiüses, José Manuel Bar, deberá declarar el próximo 7 de julio a las 13,00 horas como testigo por el caso de las detenciones de antiautopistas en Can Malalt.
En esta causa están imputados por un delito de desobediencia once activistas que se oponían a la destrucción del único camino que llevaba a Can Malalt. Entre los detenidos estaban el entonces diputado autonómico Miquel Ramon, ahora conseller insular de Política Territorial; la actual diputada de Eivissa pel Canvi, Marian Suárez; el vicepresidente y conseller de Mobilitat, Albert Prats, y el director de Patrimoni del Consell, Josep Maria López Garí.
Está también imputado por detención ilegal el entonces capitán de la Guardia Civil en las Pitiüses, Fructuoso Jiménez.
Este caso, que instruye el titular del Juzgado número 3, Pablo Mendoza, se ha visto retrasado por el cambio de domicilio de uno de los imputados, pero se vuelve a reactivar con esta petición de testifical de Bar, que ahora es diputado del PSOE en el Congreso.
Esta declaración supone un delicado trance para el diputado, que entonces estaba al cargo de las fuerzas de seguridad en Eivissa y cuyo partido ahora gobierna en la isla en coalición con Eivissa pel Canvi, formación de la que son miembros buena parte de los entonces detenidos. Cabe recordar que el delegado del Gobierno, Ramon Socias, llamó el día de los hechos personalmente a Miquel Ramon para pedirle disculpas por su detención, ya que un diputado, como era él entonces, no puede ser arrestado salvo delito flagrante.
El propio Bar dijo ayer que su deber es «colaborar con la justicia» y negó que su declaración vaya a ser delicada polít icamente.
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