La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) declarando nula la licencia de obras de los locales comerciales de Ca ses Castellones en Sant Ferran provocó ayer la alarma en Formentera porque sigue pendiente de determinarse la legalidad de la demolición de la antigua casa payesa y porque por la parte urbanística afecta a tres equipos de gobierno consecutivos: el que concedió la licencia, el que no hizo caso a los recursos presentados por parte de la propiedad que se oponía a las obras y el actual que podría verse demandado por lo promotores.
Juanma Costa, alcalde por el PP a principios de 2005, fue quien concedió la licencia de obras y ayer fue muy escueto a la hora de posicionarse sobre la sentencia «no tengo nada que decir, yo concedí la licencia en función de los informes de los técnicos». Por su parte, Isidor Torres, alcalde por la COP entre 1999 y 2003 y que sustituyó a Costa tras la moción de censura de mayo del 2005, encabezando igualmente a la COP, fue algo más explícito al señalar: «Como alcalde me incliné por la medida proteccionista y así, cuando en mayo de 2005 llegué al Ayuntamiento, solicité de inmediato a la Justicia una medida cautelar para paralizar las obras que la jueza en principio concedió, pero de forma súbita y en menos de 72 horas, la propia jueza dictó un nuevo auto dando vía libre a la demolición, ante lo cual el equipo de gobierno no podía hacer nada». Además, Torres recordó que en la legislatura de la COP, entre 1999 y 2003, «ni el Ayuntamiento ni la Comisión Insular de Urbanismo del Consell d'Eivissa i Formentera autorizaron la demolición de Ca ses Castellones.
Cautela
El actual presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, se encontraba ayer en Palma pero a través de su gabinete informó que hasta que no conociera el contenido de la sentencia del TSJB no podía pronunciarse sobre la misma, aunque la vicepresidenta del Consell, Sònia Cardona, apuntaba «el Consell en todo momento acatará de forma escrupulosa las sentencias judiciales», sin entrar a valorar lo que podría ser más problemático. En el supuesto de que la licencia urbanística de 2005 siguiera siendo ilegal, nula en términos jurídicos, los promotores de los locales comerciales ubicados en la antigua finca de Ca ses Castellones podrían pedir daños y perjuicios a la primera institución de la isla, la que concedió dicha licencia, el antiguo Ayuntamiento ahora Consell de Formentera.
El litigio sobre Ca ses Castellones viene de antiguo ya que dos familiares de la última propietaria han mantenido desde hace años posturas discrepantes sobre la antigua casa payesa, el solar y la propiedad de cada uno de ellos; Francisco Mayans, que siempre se opuso al derribo de Ca ses Castellones y a la construcción de los locales comerciales, se enteró ayer por este rotativo de la sentencia y señaló que hasta no haber estudiado a fondo el contenido de la misma con sus abogados no haría declaraciones. Hay que tener en cuenta que en este momento hay otras causas en los tribunales referentes al caso y por tanto Mayans declinó hacer comentarios.
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