L. Aversa05/02/09 0:00
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El Ayuntamiento de Santa Eulària decretó ayer el cierre de una guardería ilegal que funcionaba en una casa privada y que tenía a su cuidado a nueve niños de entre 0 y 6 años sin ningún tipo de permisos ni medidas de seguridad.

La denuncia de una madre a la Guardia Civil y al Ayuntamiento de Santa Eulària llevó al cierre de esta guardería que, según la afectada, llegaba a cobrar 450 euros mensuales por cuidar a los pequeños. La madre explicó a la Guardia Civil que decidió poner esta denuncia «cuando el marido de una de las profesoras vio a su hijo de tres años a unos 20 metros de la carretera» de Santa Eulària debido a «que se había escapado» del centro, según defendieron las propias encargadas.

«Quería poner en conocimiento público que existen centros de este tipo porque hoy ha sido mi hijo pero mañana puede ser otro niño el que puede aparecer atropellado en la carretera o ahogado en la piscina, que también tienen en la casa y sin ninguna seguridad», destacó.

Asimismo, la madre explicó que comenzó a llevar a su niño en 2008 y que, si bien asume su responsabilidad, remarcó que llamó la atención por varias cosas a las personas a cargo del centro como «la piscina sin vallas o gente que entra y sale sin control», pero señaló que ésta fue la «gota que calmó el vaso».

Otra madre se decidió a sumarse con una segunda denuncia debido a que las encargadas del centro aseguraron al Consistorio que no es una guardería sino un lugar donde se dan cita las madres con sus niños y que no admitían ningún dinero sino que aceptaban donativos.

En esta nueva denuncia se relata que contrató los servicios de guardería en 2007 y que por mantener al niño en dicha vivienda las tarifas eran de 250 euros si el horario es de 9,00 a 14,00 horas, y de 400 a 450 euros si se extendía hasta las 16,30 horas.

Según ambas denunciantes, la guardería ilegal se promocionaba con el método Montesori que implica educar a los niños «en la naturaleza y en la libertad» y que su aprendizaje sea «por el propio descubrimiento de las cosas y sin un régimen estricto».

Mediante el decreto de cierre las personas encargadas tienen 48 horas para clausurar el centro y, si no se cumple el plazo, la casa será precintada.