El presidente del Govern balear, Francesc Antich, concluyó ayer su visita a Eivissa con un recorrido por los terrenos de sa Coma y con un encuentro con todos los alcaldes de la isla.
Antich aseguró que quedó «sorprendido de la capacidad» de los terrenos militares de sa Coma e indicó que su adquisición «es importantísima para Eivissa», una compra al Ministerio de Defensa que tendrá un coste de 30 millones de euros y que el Consell ha presentado como prioritaria para ser financiada por los Fondos del Estatut d'Autonomia, que prevén cien millones para la isla.
El presidente del Govern destacó en este sentido que será una adquisición «que multiplicará las inversiones para Eivissa» y que será la solución para los problemas que tiene el Govern para hacer inversiones en Eivissa en instalaciones o servicios como la depuradora de Vila o el 112. «El poder tener este espacio hace que todas estas cuestiones se puedan llevar a cabo y eso quiere decir que más partidas de la comunidad se podrán destinar a la isla», apuntó Antich que insistió en «el efecto multiplicador» de inversiones que supondrá la compra del recinto militar.
En relación a su reunión con todos los alcaldes de la isla, en el marco del Consell de alcaldes, Xico Tarrés destacó que «la petición más importante y a la que todos han ido directamente» es al tema de la financiación local. En este sentido, Antich señaló el primer gran objetivo del Govern es cerrar una financiación estatal «justa para las Islas» y que después vendrá «el debate del sistema de financiación para los consells insulars» y, por último, «el pacto municipal». Sin embargo, y a pesar de dejar claro el orden de prioridades, Antich destacó que desde la Comunitat se hará «un esfuerzo para ayudar más a los ayuntamientos».
En el encuentro, los alcaldes del PP aprovecharon para pedir una lista de reclamaciones y peticiones de carácter insular y municipal que anteriormente habían consensuado entre ellos, pero que durante la reunión también hicieron suyas tanto Tarrés como la alcaldesa Lurdes Costa y el alcalde Josep Marí Ribas. «Que quede claro que no se han hecho peticiones por parte de los alcaldes del PP, que se han hecho de parte de todos los alcaldes», indicó Tarrés. Entre las reclamaciones, los primeros ediles pidieron que las infraestructuras de agua y residuos, es decir, de las desaladoras y el vertedero, se paguen con los fondos del Estatut para que no repercuta en la facturas de los ciudadanos. Antich respondió a los alcaldes que el Consell presentó más proyectos para ser financiados por el Estatut y que, entre ellos, hay uno relacionado con la gestión de residuos. Por su parte, Tarrés también indicó en respuesta a las peticiones de los alcaldes que cuando el Consell «tenga un nuevo sistema de financiamiento se podrán solucionar muchas cosas», en alusión a las inversiones en las infraestructuras hidráulicas que necesita la isla.
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