El Consell ha vuelto a recordar al Gobierno central que las obras previstas dentro del plan director del aeropuerto afectan a casas habitadas y negocios. Así se plasma en un informe que ahora se enviará al Ministerio de Medio Ambiente y que es necesario para la revisión del plan director del aeropuerto.

Según la máxima institución insular, la memoria ambiental del proyecto no contempla la posible existencia de impactos sobre el entorno socio-económico de la zona, ya que las obras del aeropuerto harán desaparecer viviendas unifamiliares, naves industriales y talleres mecánicos. «Se estima necesario incluir en el futuro informe de sostenibilidad ambiental una detallada diagnosis sobre el conjunto socioeconómico de la nueva zona ocupada, como tipología de las parcelas, descripción de los diferentes usos, número y tipo de construcciones e infraestructuras industriales afectadas», explican desde el Consell. De hecho, desde la máxima institución insular piden que se introduzcan medidas correctoras y compensatorias para minimizar estos efectos y para que se reduzcan al máximo las expropiaciones.

Tanto el Ayuntamiento de Sant Josep como el Consell enviaron hace unos meses otro informe a AENA advirtiendo de que se iban a producir expropiaciones de casas habitadas y negocios. La portavoz del Consell, Pilar Costa, reconoció ayer que inicialmente hubo un «error» de las administraciones al no detectar que había viviendas afectadas.

En cuanto a patrimonio, el Consell también pide que se documenten al máximo las casas payesas y molinos que desaparezcan con motivo de esta ampliación del aeropuerto. De todas formas, recuerdan que no hay ningún bien catalogado afectado, ya que los más cercanos son el yacimiento de sa Caleta y la torre de Can Toni Rei, que están dentro del parque natural de ses Salines.

Asimismo se solicita al Ministerio que estudie con detalle los efectos de estas obras sobre los hábitats de interés comunitario cercanos.

Costa recordó que AENA está tramitando la revisión de este plan director del aeropuerto, que se aprobó en 2001 y que ahora ha reducido sus dimensiones.

El Consell executiu aprobó ayer el proyecto constructivo que permitirá acabar la escuela infantil de Can Nebot (Sant Jordi). Esta obra fue abandonada por la empresa constructora cuando quedaba por ejecutar el 40 por ciento. Por eso ahora se ha tenido que volver a redactar otro proyecto para poder acabarla que ahora saldrá a exposición pública y que podrá salir a contratación en los próximos meses.

El Consell executiu también aportó 440.932 euros al Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa para la gestión de la residencia de Can Blai.

La consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, anunció ayer que se impartirán una serie de cursos de formación a los vigilantes de las iglesias para que puedan dar información a los turistas que visiten los templos. Este año el Consell aportará 110.000 euros al Obispado para la dotación de personal para las iglesias de Sant Josep, Sant Rafel, Sant Miquel, la Catedral de Eivissa, la iglesia de Sant Pere y el Museu Barrau.

También habrá personal en la cova des Cuieram y en la cueva de Santa Agnès. En ambos casos el convenio se firma con los respectivos ayuntamientos (Sant Joan y Sant Antoni) y cuenta con una dotación económica de 13.200 euros.

La consellera explicó que de esta forma se da cobertura a la vigilancia y a la puesta en valor de todos estos monumentos públicos para que puedan ser visitados prácticamente durante todo el año, ya que permanecen abiertos desde febrero a noviembre. Este año como novedad se han introducido estos cursos de formación para los vigilantes que impartirán los técnicos del Consell en el mes de febrero.