MAB se adjudica unas obras junto al lugar en que se investiga si destruyó un yacimiento

La concesión del contrato ha causado un profundo malestar en el Grup d'Estudis de la Natura (GEN) puesto que el dueño de la empresa, Matías Arrom Bibiloni, y el jefe de obra de la Unión Temporal de Empresas MAB-Rubao, Sancho Àlvares, se encuentran imputados por un presunto delito contra el patrimonio histórico cometido supuestamente durante las obras llevadas a cabo en la construcción de la ronda y denunciado por la entidad conservacionista.

«Es escandaloso que se concedan nuevos trabajos a una empresa imputada por un delito contra el patrimonio y que, además, fue la que trató de forma más brutal y despreciativa a los expropiados por las autovías», afirmó Neus Prats, una de las responsables del GEN. «Aunque sólo fuera por respeto a los afectados por las carreteras, el Govern debería abstenerse de darle más trabajo a esa gente», explica Prats, quien considera que la actitud de la Administración autonómica «supone ningunear a quienes han sufrido por estas actuaciones».

Denuncia

En octubre pasado, el Juzgado de Instrucción número 3 imputó a Arrom Bibiloni y Àlvares por la supuesta destrucción de parte del camí de Puig d'en Valls, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una cisterna púnico-romana, una necrópolis romana, un tramo de 20 metros de un acueducto romano, un edificio de época púnica, una sitja y un yacimiento arqueológico en can Cifre, entre otros elementos, según el GEN, que afirma que todo ocurrió en diciembre de 2005.

Ante el juez, Concepción Martín, jefa de sección de Arqueología del Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura defendió que se habrían podido evitar los daños si se hubieran tomado medidas como la paralización de las obras por hacerse sin control arqueológico. La perito apuntó que las obras dañaron «bienes de alto valor histórico» que no son reconstruibles y que no pudieron ser estudiados.

Desde la Conselleria defendieron ayer que la adjudicación a MAB del contrato es «respetuosa con la legalidad vigente ya que no tenemos constancia de que dicha empresa esté imposibilitada para contratar con la Administración», explicaron fuentes de Obres Públiques.

«Si en el momento del juicio no ha habido un juicio, se debe respetar la presunción de inocencia. Si no hay condena, la empresa tiene vigentes todos sus derechos y vetar su participación sí que sería algo ilegal», añadieron las mismas fuentes, que remarcaron que «esta decisión se basa en criterios técnicos y no pretende ofender o menospreciar a nadie».

Desde la conselleria se defendió que la oferta de MAB para ejecutar las obras por 538.000 euros (114.000 menos que el máximo previsto) es la que mejor se adecuó a los criterios establecidos.