Unió Mallorquina (UM) anunció ayer que propondrá en las distintas instituciones en las que gobierna la reclamación al Estado de las transferencias de las competencias de los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina (Formentera), así como las competencias de Costas y Litoral.

El vicepresidente de UM y conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, justificó dicha reclamación en «la necesidad de acercar la Administración a los administrados» y en las atribuciones competenciales que fija el propio Estatuto de Autonomía de Balears tras su reforma.

Grimalt puntualizó que el Estatuto reconoce como competencia propia de la comunidad autónoma la gestión de los puertos deportivos y ha señalado que no tiene sentido que el Estado gestione dichas instalaciones.

El vicepresidente de UM citó como ejemplo el caso del Club Marítimo de Maó, del que dijo que «una empresa venida de fuera se ha quedado con las instalaciones portuarias dejando al margen a su masa social».

Grimalt, que estuvo acompañado en la comparecencia por la portavoz de UM, Catalina Julve y el director general de Mar y Litoral, Bartomeu Calafell, abogó por la necesidad de «una gestión unitaria» de todos los puertos deportivos de la comunidad autónoma.

En este sentido, el conseller de Medi Ambient, máximo responsable de los puertos gestionados por la comunidad autónoma, añadió que «no puede olvidarse que los puertos deportivos son una fuente importante de ingresos para nuestras islas y por ello deben ser gestionados todos desde una misma administración pública».

Grimalt explicó que de «esta manera se podrán evitar situaciones lamentables como la que hace poco ha pasado en el puerto de Maó», sobre la que dijo que la infraestructura será gestionada «al margen de la masa social que implica un club náutico».

El vicepresidente de UM recordó que Autoridad Portuaria de Balears, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, «gestiona en la actualidad más de 7.000 amarres de puertos deportivos ubicados dentro de los puertos de interés general», de los cuales, «4.000 están situados en el puerto de Palma».

Según Grimalt, los puntos de atraque de todos ellos son «muchos amarres deportivos» y UM considera que no deben ser gestionados por el Estado, precisamente al tratarse de amarres deportivos.