C. Roig26/12/08 0:00
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El director general d'Obres Públiques, Antoni Armengol, admite que habrá que construir una balsa en Platja d'en Bossa para recoger el agua de lluvia procedente de la autovía al aeropuerto. «Todavía se tiene que definir, pero desde el principio la dirección general de Recursos Hídrics dijo que tenía que haber una balsa y es algo que parece que no se podrá evitar de ninguna de las maneras; hay otras cosas, en cambio, que sí se pueden negociar», indicó Armengol.

Esta acequia ha provocado suspicacias entre el resto de administraciones implicadas y por parte de los ecologistas por estar justo al lado de la zona protegida del parque natural del ses Salines. Los proyectos de drenaje de la autovía contemplan la instalación de dos tuberías desde la autovía hasta el mar para evitar las inundaciones en los tramos soterrados de la carretera.

Desde el Govern explican ahora que para evitar más retrasos en esta obra separarán los proyectos de las dos tuberías, que hasta ahora se tramitaban conjuntamente. El problema es que la tubería que conlleva la balsa y que va a parar a Platja d'en Bossa (OD2) es mucho más complicada que la otra. «A efectos de que un proyecto no retrase al otro los separaremos para no dificultar la tramitación», explicó el director general, que indicó que el ritmo es distinto en uno y otro porque uno ya está prácticamente en disposición de sacarse a concurso.

El problema de la OD2 es que hay muchos organismos implicados, como la dirección general de Costas, el parque natural de ses Salines, el Consell, etc. y todos tienen que opinar sobre el proyecto. «Estamos redactando un nuevo documento que estará listo a principios de año y que pasaremos al equipo de trabajo de la Comissió balear de Medi Ambient, que nos tendrá que hacer prescripciones de nuevo», indicó Armengol, que cree que el drenaje que va más avanzado podría estar acabado en 2009, algo que ve difícil en el otro caso.

El proyecto será redactado ahora por la Conselleria d'Obres Públiques. Hasta ahora lo llevaba la empresa Apia XXI, pero el Govern ha decidido prescindir de los servicios de estos profesionales debido al «grave error» que se produjo en las expropiaciones, que ahora obliga a Empresas Matutes a devolver 2,2 millones de euros y a Pere Torres, Casetes, 400.000.