José Sala asegura que no incumple ninguna sentencia al declarar urbano Punta Galera

La sentencia llega a la conclusión de que el terreno de Punta Galera no es urbano porque no cuenta con el grado de consolidación por edificación suficiente que requiere un suelo urbano. El alcalde matiza que lo que dice el fallo judicial es que si los promotores hubieran limitado su recurso a 70.000 metros cuadrados hubieran tenido más éxito, ya que se trata de la zona más consolidada y que puede ser considerada urbana porque está construida en dos terceras partes. «Nosotros hemos puesto 110.000 como urbano, pero hay que descontar las zonas verdes, con lo que queda en 70.000 metros aprovechables, que es lo que dice el fallo judicial», remarcó el primer edil, que indicó que en el Ayuntamiento se han basado en un estudio de consolidación que se hizo al redactarse las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).

Recurso

Además, recuerda que no se ha incluido en la trama urbana la zona afectada por el deslinde de Costas, que alcanza los cien metros y no los 20 como en un principio pretendía el Ayuntamiento, algo que por cierto, han recurrido por la vía contencioso-administrativa.

De todas formas, Sala recordó que lo que se ha aprobado ahora es un avance de planeamiento, en el que se podrán incluir todo tipo de modificaciones. Además, indicó que tampoco hubiera pasado nada si hubieran incumplido el fallo judicial, porque ésta se les notificó esta misma semana y no hubiera dado tiempo a incorporarlo al avance. «Pese a que no conocíamos el fallo judicial la parte que nosotros reconocemos como urbana es la que dice la sentencia», reiteró Sala, que cree el Consell no les pondrá obstáculos por querer declarar urbano Punta Galera. «Si nos pone problemas lo quitaremos, y si mientras salen otras cosas como nuevas leyes u otras sentencias se tendrán que incorporar porque esto es sólo un avance».

Desde el PSOE-ExC municipal criticaron ayer que el Ayuntamiento no haya desechado este suelo como urbano tras conocer la sentencia. El fallo se produjo tras la reclamación de los promotores de Punta Galera SA contra el PTI por marcar como rústicos sus terrenos. En el año 2001 la comisión insular de urbanismo del Consell ya llegó a un acuerdo en el que mantenía que este sector había perdido su carácter de suelo urbanizable. Este acuerdo, sin embargo, no se comunicó a los propietarios.

El avance del nuevo planeamiento de Sant Antoni marca seis nuevas zonas urbanas: Punta Galera, Cap Negret, Can Tumàs, CAla Gració, Can Parent, Can Llaudis y Can Pujolet. La explicación desde el Ayuntamiento es que ya están consolidados por edificación en dos terceras partes y quieren dotar estas zonas de infraestructuras. En ellas sólo se podrán construir viviendas unifamiliares.

Una sentencia interpuesta por un particular contra el Plan Territorial Insular señala que la zona de Cap Negret puede llegar a ser urbana si el Ayuntamiento de Sant Antoni así lo delimita. El demandante, propietario de cinco parcelas, recurrió contra el Plan Territorial Insular (PTI) por considerar que había convertido sus terrenos en rústicos. Estas parcelas eran suelo urbanizable programado pero fueron convertidas en rústicas por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobadas en 1999. El PTI así lo recogió. De todas formas, la sentencia asegura que los terrenos son urbanos porque cuentan con los servicios suficientes, por lo que «nada impide que los terrenos, ahora rústicos, se incorporen en el futuro al proceso urbanístico».

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó que en este caso el fallo sólo dice que tiene que ser el nuevo plan general el que recoja el suelo como urbano o rústico. «Esta sentencia además es de un particular propietario de varias parcelas pero no de todo el polígono y se le deniega el recurso no porque no pueda ser urbano, sino porque tiene que ser el planeamiento municipal el que lo recoja». El avance aprobado esta semana sí contempla que Cap Negret será urbano.

La Fiscalía deberá decidir ahora si continúa investigando el caso ses Variades, en el que se dirimen las posibles responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido el alcalde José Sala y la ex consellera Stella Matutes al aprobar el convenio urbanístico de esta zona y el PTI. Sala y Matutes declararon en verano como imputados y recientemente se produjo la comparecencia como testigo del director general de Realia, Íñigo Aldaz. En el avance del nuevo planeamiento se incluye ses Variades como suelo urbano pero con una gran zona verde que incumple el convenio que en su día se firmó con Realia.