Sólo cuatro comunidades -Balears, Cantabria, Extremadura y Madrid- carecen de Defensor del Pueblo treinta años después de que la Constitución regulara esta figura para toda España.

No obstante, el Defensor está vigente en el resto de las autonomías con denominaciones distintas y ha cumplido ya sus bodas de plata en Andalucía, primera región que la aprobó en la democracia, un año después de que en 1982 se nombrara al primer Defensor del Pueblo de España, Joaquín Ruiz-Giménez.

Murcia ha sido la última comunidad en dar luz verde a la creación de esta institución, acordada por unanimidad por su Asamblea el pasado 20 de noviembre. Doce días después, tomó posesión el que será durante cinco años el Defensor del Pueblo de la Región, José Pablo Ruiz Abellán.

A Cantabria no le corre ninguna prisa contar con esa figura, ya que a pesar de que han transcurrido diez años desde que se introdujo en la reforma del Estatuto, el Gobierno no tiene previsto impulsar su creación porque está satisfecho con la atención que dispensa a los cántabros el Defensor del Pueblo español.

Pendientes

Pese a que los socialistas madrileños preparan una propuesta para instaurar esta figura en la Comunidad, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no se ha mostrado partidario hasta la fecha de abordar la reforma del Estatuto para ello.

Balears sí tiene previsto por ley contar con un Síndic de Greuges, recogido en su Estatuto desde 1993, pero aunque se han hecho sucesivos intentos en varias legislaturas, no se ha logrado llegar a un consenso dadas las circunstancias políticas.

Extremadura tiene intención de aprobarlo con motivo de la próxima reforma de su Estatuto de Autonomía, cuya propuesta será remitida a las Cortes Generales en el primer trimestre de 2009.