Los arquitectos piden a Sant Josep que establezca condiciones estéticas generales

En este sentido, el Col·legi considera que, en cuanto a las iglesias, no es suficiente un radio de protección de 250 metros cuadrados que deben tener por su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). «Lo que se propone es que se modifique para proponer un nuevo ámbito estudiado y bien delimitado por los Planes Especiales de Protección (PEP) de las Iglesias, previstos en la Ley de Patrimonio», apunta el escrito de alegación. Por ello, también desde la entidad se propondrá «un listado de edificios de arquitectura tradicional y moderna y de elementos etnográficos y espacios naturales para una posible inclusión en el catálogo municipal de patrimonio» debido a que, según destacan, «sorprende el número tan reducido de casas payesas incluidos en la nueva normativa (20 casas), muy inferior a las que figuran en el inventario del Consell Insular d'Eivissa».

Asimismo, recomienda establecer condiciones generales de estética mediante «la elaboración de una carta de colores propias del municipio, además de un catálogo de mobiliario urbano».

Por otra parte, el Col·legi reconoce el «esfuerzo» que el actual equipo de gobierno debe realizar para intentar reconducir una situación urbanística «delicada y difícil» y con «grandes problemas de solución» debidos a la «gestión de los últimos años». Sin embargo, en su escrito de alegaciones señala que factores «como la no reducción de suelo urbano previsto, la no desclasificación de muchos 'falsos' urbanos y urbanizables, el aumento y mantenimiento de la edificabilidad en muchos suelos urbanos consolidados, y la reducción puntual del nivel de protección del suelo rústico, hace pensar que las normas no afrontan el problema de fondo y carecen de ambición para ir más allá que una simple adaptación al Plan Territorial Insular (PTI)».

Zonas

Por ello, el COAIB considera importante que las nuevas normas busquen «potenciar las zonas urbanas más consolidadas y preserven al máximo de una acción edificatoria irreversible las zonas urbanizables no edificadas, desclasificándolas y redistribuyendo la edificabilidad en los núcleos urbanos consolidados más próximos».

En su escrito de alegación, el Col·legi critica también la falta de «criterio y previsión» a la hora de distribuir los equipamientos públicos, ya que, según los arquitectos, las normas no tienen en cuenta factores como la cohesión social o la estructura urbana, situándolos en los perímetros de los núcleos a los que sólo se puede llegar con el coche. En este sentido, también señala la «reducida» previsión de espacios verdes y su ubicación «residual» y, por último, entre otras alegaciones, el Col·legi destaca que las normas «no reconocen que hay diversas zonas agrícolas en proceso de abandono y por tanto no proponen soluciones».