R. L.

La Plataforma esperará a la próxima reunión del Foro de la Inmigración, el 12 de diciembre, para conocer las declaraciones exactas de la ministra y las explicaciones de la subdelegada del Gobierno y del diputado José Manuel Bar. Después tomarán medidas en una reunión de la Plataforma convocada el día 15 para valorar la respuesta que se dé en el foro y tomar las determinaciones oportunas.

La Plataforma por la Convivencia mostró ayer su indignación y el rechazo rotundo a la decisión del Gobierno de no abrir una oficina de extranjería en Eivissa. Así lo declaró hace unos días la ministra de Administraciones Públicas Elena Salgado, quien consideró que no hay un volumen suficiente de casos y que los niveles de calidad en la atención actuales son adecuados. «Estas afirmaciones demuestran un desconocimiento total y absoluto de la realidad en Eivissa y una minusvaloración de las demandas de la población de la isla y de sus representantes políticos y sociales», consideran desde la Plataforma por la Convivencia, donde recuerdan que Eivissa cuenta con un 25% de población no española.

La apertura de la oficina de extranjería «ha sido demandada desde hace años, además de por los propios funcionarios que actualmente desarrollan esas funciones, por todo tipo de instituciones: la Policía Nacional, la subdelegación del Gobierno en Eivissa (que aseguró su apertura en el 2007), la delegación del Gobierno en Palma, el Consell, el Govern, el Foro de la Inmigración, todos los partidos, las asociaciones de inmigrantes, sindicatos, Cáritas, etc.», recuerdan desde la Plataforma, donde creen que nada de esto «parece ser suficiente» para que el Gobierno actúe. «Algo todavía más difícil de entender teniendo en cuenta que todas las administraciones involucradas están regidas por el mismo partido político, que parece que aquí apoya su apertura pero no en Madrid», añadieron.

Además, desde la Plataforma consideran «especialmente hiriente por su falsedad» que uno de los motivos de la no apertura sea que el servicio se presta con un nivel de calidad adecuado. Desde la Plataforma recuerdan que hace más de seis meses, 16 entidades de la isla presentaron una queja al Defensor del Pueblo contra la subdelegación del gobierno, la Policía Nacional, el Registro Civil y el colegio de abogados por los «numerosos y graves fallos en la organización, medios disponibles y gestión de la extranjería en Eivissa».

Reunión para tomar medidas