El juez no excarcela a Huerta al considerar que hay riesgos para la causa

En este sentido, queda todavía por investigar quiénes eran las personas que firmaban los proyectos que presuntamente realizaba Huerta en el municipio y que luego informaba favorablemente desde su puesto de técnico municipal.

En su última resolución, el juez también rechaza el recurso sobre el auto de entrada y registro porque considera que existen suficientes indicios de delito. Por un lado considera que tanto los edificios de Cala Carbó como de Cala Molí fueron realizados por la familia Huerta, con lo que se incurriría en un delito contra la ordenación del territorio porque ambos edificios superan la edificabilidad permitida. Este delito está penado con penas de prisión de hasta tres años.

Por otro lado, Huerta puede haber incurrido en un delito de cohecho porque existen ingresos en sus sociedades y su entorno de origen desconocido y que coinciden en el tiempo con presentaciones de proyectos y licencias en el Ayuntamiento. Este delito está penado con seis años de prisión. Además, se acusa al ex arquitecto municipal de un posible delito de falsedad documental, penado con hasta tres años de cárcel. A estos posibles delitos también se le podrían unir otros ya mencionados en otras ocasiones por el juez o el fiscal como la prevaricación urbanística o las actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Después del rechazo de este recurso, la defensa de Huerta tiene la posibilidad de recurrir ante la Audiencia. El letrado del ex arquitecto argumentaba en su recurso que no existía riesgo de fuga por parte de Huerta porque tenía arraigo de Eivissa, con buena parte de su familia aquí. Otro de los motivos esgrimidos es que volvió de un viaje desde Argentina cuando supo que existía una orden de detención sobre él y su mujer, Rosario Chamorro.

Tanto la Fiscalía como el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, que está personado en este asunto, igual que el Ayuntamiento de Sant Josep, se opusieron al recurso de la defensa de Huerta con argumentos muy contundentes.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explicaron hace pocos días que pedirán al juez instrucciones sobre lo que habrá que hacer con los edificios construidos ilegalmente bajo el presunto amparo de Huerta. Los ecologistas del GEN reclaman su derribo, pero desde el Consistorio temen posibles consecuencias económicas, porque aunque Huerta fuera culpable, el Ayuntamiento siempre tiene una responsabilidad subsidiaria y el ex arquitecto podría no tener suficiente patrimonio para posibles reclamaciones.

La investigación del Juzgado de Instrucción número 3 ha detectado que en las cuentas del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, y de sus sociedades propias o familiares existían ingresos de dinero por parte de personas o entidades que podrían haber solicitado licencia o permiso de proyecto de urbanización entre los años 1998 y 2006, durante el tiempo en el que Huerta era técnico en el Ayuntamiento. Parece ser que alguno de los nombres podría coincidir, aunque todavía quedan aspectos por verificar.

Este dato, que figura en el auto de entrada y registro, es crucial porque puede constituir un indicio claro de delito de cohecho (pago de comisiones a cambio de obtener un permiso de construcción).

Además, muchos de los movimientos detectados en la cuenta aparecen sin concepto, bajo nombres tan vagos como «varios» o «por cuenta de él o de ella» lo que suele ser una práctica habitual en los desvíos monetarios, e indica que pueden corresponder a personas que podrían haber pagado por conseguir la autorización de un proyecto o de una licencia.

La familia Huerta contaba con una decena de sociedades con importantes movimientos de dinero entre ellas. Los ingresos en estas empresas durante los años que estuvo en el Ayuntamiento alcanzan los 15 millones de euros.