El grupo municipal popular de Vila anunció ayer que entregará a Fiscalía y a Sindicatura de Comptes toda la facturación que ha recopilado sobre la empresa Puntoiaparte, propiedad del actual director insular de Relacions Ciutadanes, Francisco Chamizo.

Éstos serán los próximos pasos que darán los populares en lo que han denominado «el caso Chamizo» que, según sus investigaciones, ha facturado al Ayuntamiento de Eivissa más de 700.000 euros en los últimos ocho años «por medio de contratos a dedo» y sin que mediara concurso público.

«Creemos que ha llegado el momento de que quien pueda investigar, investigue, si en éste o en otros casos, aparte de que se ha dado una infracción administrativa, se ha cobrado más de lo que tocaba», aseguró la portavoz de los populares en Vila, Virtudes Marí, que destacó también que esta información será enviada a Fiscalía y a Sindicatura «sin prejuzgar que haya ningún delito». «No podemos hacerlo porque no lo sabemos, entonces tampoco podremos poner una querella porque entonces sí podrían decir que estamos injuriando», apuntó Marí sobre uno de los obstáculos que encuentra para acudir a los tribunales a lo que se suma otro «problema» que tiene que ver con los «breves términos de prescripción que tiene el incumplimiento de la ley de contratación». «Nos encontramos con que hay una prescripción en la mayoría de los casos, por ello nos tendremos que conformar con que fiscalía y sindicatura investiguen», agregó.

Otra de las actuaciones que realizará el grupo municipal con respecto a este tema será solicitar al Ayuntamiento «la celebración extraordinaria de una comisión de cuentas con el fin de conocer si hay otras empresas que están contratadas de la misma forma» así como proponer en el próximo pleno sistemas de control «para que en el futuro no se repita este tipo de contrataciones».

Asimismo, Marí señaló que se encuentran investigando contratos, «también a dedo», de otras empresas en el ámbito de la organización de festejos porque, según destacó, «se da la coincidencia de que en muchos casos han sido funcionarios o son funcionarios, o son políticos». «Y es igual que en tema de personal, se ha visto que quien es contratado y prospera son los afines al partido socialista», señaló Marí. Sin embargo, la portavoz explicó que, según pudo saber, en lo que se refiere a las otras empresas de publicidad que trabajan con Vila «no se ha dado el caso de que la contratación se haya hecho a dedo y con facturitas muy pequeñas» como es el caso de Chamizo, según acusa el PP.

Por su parte, el concejal Toni Prats destacó «que es un buen momento» para presentar la facturación de Puntoiaparte a Sindicatura porque coincide con que este organismo «está auditando las cuentas del Ayuntamiento».

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, Santiago Pizarro, ofreció ayer una rueda de prensa «para poner las cosas claras en relación a las manifestaciones del PP sobre la empresa Puntoiaparte» y destacó que si hasta ahora no lo habían hecho, es porque no querían entrar en «este juego sucio y barriobajero». «La publicidad del Ayuntamiento está repartida entre diversas empresas e imprentas de la isla para que nadie tenga el monopolio sobre la misma, cosa que no sucedía en otras épocas cuando al señora Marí era miembro del equipo de gobierno», aseguró Pizarro. El edil señaló también que la administración «tiene la posibilidad de que por menos de determinada cuantía puede hacer el encargo a quien considere más adecuado» y que así lo ha estado haciendo, pero que «ilegalidad o irregularidad, ninguna».

Pizarro volvió a insistir en que Puntoiaparte «no es la empresa publicitaria que más factura» y puso como ejemplo la facturación del año pasado en la que la empresa de Chamizo «facturó 82.888 euros mientras que otra empresa facturó 259.617 euros». Por ello, el edil quiso dejar claro que la misma forma de trabajar que ha tenido el Consistorio con la empresa de Chamizo la tiene «con el resto de las empresas» de publicidad, pero que aún así las otras empresas no son «sospechosas de nada». «Esto apesta a persecución política», acusó Pizarro, que señaló que es el PP que da «un trato diferente en lo que respecta a las ideologías de los empresarios con un claro mensaje: 'atención, si eres empresario te conviene ser del PP o mejor no significarte». «No pueden caer más bajo, porque hacer una campaña de descrédito contra una sola persona que dura meses sin que exista ningún delito es de lo peor del estilo del la señora Marí», señaló Pizarro, que remarcó que «si no pueden acudir a los tribunales porque el delito ha prescrito son mucho más inútiles de lo que pensaba».