El mayor concurso de acreedores de España (que tiene como protagonista a la promotora inmobiliaria de mayor tamaño del país: Martinsa-Fadesa), ha salpicado las Pitiüses y ha sembrado la duda sobre el futuro de una promoción que la constructora está desarrollando en la avenida Pere Matutes Noguera, en las inmediaciones de los hoteles Tres Carabelas y Goleta. La obra, que debía ser entregada a principios del año próximo según la información que figura en la web de la promotora, aparece con la estructura finalizada y pendiente de ultimar las fachadas, así como de la actividad en el interior.
Aunque este periódico intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con representantes de la empresa, resultó imposible hacerlo para conocer el futuro de esta promoción que consta de sótano con aparcamiento, planta baja y siete alturas que suman un total de 129 viviendas de dos y tres dormitorios. El conjunto de viviendas de lujo dispone de piscina y seguridad privadas, además de locales comerciales.
La construcción figura en la publicidad y en la licencia de la misma (con fecha del 4 de agosto de 2006) como una promoción de RTM desarrollos urbanísticos y sociales, un consorcio urbanístico constituido por las empresas Andria y Martinsa. La construcción efectiva de la obra está encargada a Ferrovial-Agroman.
La presentación del concurso de acreedores voluntario por parte de la empresa ante un juzgado de La Coruña no supone automáticamente que la sociedad quede disuelta y que se deba paralizar la actividad, explicaron ayer desde la Asociación General de Consumidores (Asgeco). «Primero, el juez tiene seis días para decidir si acepta o no el proceso y, de ser así, lo primero será estudiar la situación detenidamente y buscar propuestas para sacar a la empresa de esta situación», explicó un portavoz de esta entidad, quién consideró que la situación «no es tan mala si atendemos a que la empresa tiene una deuda de 5.200 millones de euros pero unos activos valorados en más de 14.000».
Respecto a la promoción en Eivissa, desde Asgeco se aseguró que lo primero será «ver el grado de ejecución y las posibilidades de finalización, por lo que los propietarios de las viviendas no tienen por qué dejar de recibir lo que han comprado». «En caso de que no se pudiera finalizar, en el procedimiento concursal se puede recuperar entre un 20% y el total de lo abonado, aunque nuestros abogados estudian si se puede aplicar la ley sobre cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y garantizar, a través del seguro que ha de tener suscrito el promotor, la devolución de las cantidades entregadas más el 6% de interés anual».
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