Sala niega ante el juez que hubiera privilegios en ses Variades

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, declaró ayer ante el juez como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias al votar a favor del Plan Territorial Insular (PTI) que recalificaba la zona de ses Variades, donde estaba previsto edificar 469 viviendas y un puerto deportivo y cuya propiedad ha estado relacionada con Empresas Matutes.

En su declaración ante el magistrado, el primer edil aseguró que el convenio firmado con la empresa Realia Business para urbanizar esa zona es legal porque fue votado a favor incluso por la mayoría de concejales de la oposición. «Era la voluntad unánime de todos los grupos municipales y estaba avalado por un informe jurídico y técnico», defendió ayer Sala.

Según el auto del juez, el alcalde firmó el convenio urbanístico con la empresa Realia Business unos días antes de que se aprobara el PTI. Sala negoció reducciones en el proyecto y consideró este suelo como urbano, cuando en realidad aparece como urbanizable. De hecho, en el auto el magistrado llega a decir que de plasmarse en el nuevo plan general de Sant Antoni que este suelo es urbano ello podría implicar un delito de prevaricación.

A su salida del Juzgado, Sala repitió que su única motivación era hacer lo mejor para Sant Antoni: «He dicho por activa y por pasiva que no he hecho ninguna gestión que se apartase de defender el interés general y público de Sant Antoni».

Negociación

Preguntado sobre las negociaciones que se llevaron a cabo con Realia Business antes de que se aprobara el Plan Territorial Insular (PTI), Sala alegó que estas conversaciones se hicieron porque el convenio era «bueno» para Sant Antoni. «Era la voluntad del Ayuntamiento y no sólo del grupo de gobierno; todos los concejales, menos dos que minoritariamente se apartaron de la opinión general, pensábamos que el convenio era bueno para Sant Antoni porque de lo contrario nos queda un enclave dentro del pueblo que todos los que lo conocéis ya sabéis como está», explicó ayer el alcalde.

El juez preguntó al primer edil por todo el expediente. «Mi postura ha sido unívoca, quiero decir que no he cambiado de opinión y he mantenido lo que ya dije en su día», expresó el alcalde de Sant Antoni, que cuando fue imputado aseguró que está «en la misma situación que el resto de la corporación», porque votó a favor, igual que ellos, la firma del convenio de la empresa Realia. «No me cabe duda de que ninguno de ellos ha incurrido en actuaciones delictivas», dijo entonces Sala.

El convenio que daba luz verde a la construcción de estas casi 500 viviendas en la zona costera de ses Variades fue aprobado en el pleno de Sant Antoni por 14 votos a favor, entre ellos cuatro del Pacte y uno de Democracia Pitiusa.

El juez imputó a Sala y a Stella Matutes en este caso sobre el Plan Territorial Insular, pero no a Joan Marí Tur ni a su hermano Antoni Marí Tur por «falta de indicios de criminalidad», aunque en el futuro podrían surgir «nuevos indicios en su contra». El fiscal había pedido la imputación de ambos por la calificación como urbanizable en el PTI de un terreno de su propiedad llamado Plana de Mar y situado en Cala Molí. Se da la circunstancia de que este solar fue vendido por la familia Marí Tur y ya está construido. Recientemente el Consell aprobó una norma territorial cautelar que devolvía a rústicos estos terrenos y dejaba en manos del Ayuntamiento de Sant Josep su calificación. Desde el Consistorio ya anunciaron que estos terrenos son urbanos porque ya están consolidados.

El alcalde de Sant Antoni reconoció ayer que todavía no saben qué calificación tendrá el terreno de ses Variades en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en elaboración. Pese a que en un principio se iba a dejar como suelo urbano, porque así se contemplaba en el convenio urbanístico con Realia, varias decisiones han obligado a replantear esta cuestión. Una de ellas es la imputación de Sala, ya que el juez advirtió de que si en el PGOU se incluyeran como terreno urbano se podría incurrir en un delito de prevaricación.

Sala explicó ayer que no quiere avanzar nada porque están a expensas de lo que ocurra en los Juzgados, de lo que digan los informes jurídicos del propio Consistorio y de lo que ocurra con la norma territorial cautelar del Consell, que declara este espacio como rústico. «Hay muchas cosas que están en el aire», dice el primer edil.

«Yo sigo pensando que el convenio era bueno para Sant Antoni, pero a partir de aquí ya veremos hasta dónde se puede llegar», explicó Sala, que indicó que no ha mantenido contactos recientes con el Consell para abordar el futuro de esta zona.

En este caso también está imputada la ex consellera de Vies i Obres Stella Matutes, quien ha pedido un aplazamiento de su declaración hasta el día 28 de julio. Matutes está imputada también por un presunto delito de tráfico de influencias por votar a favor del PTI en el que se recalificaba el terreno de ses Variades pese a que su familia tenía intereses en la zona. El juez consideró que el hecho de que existieran negocios empresariales antes de la aprobación del PTI sólo tiene como explicación que se conociera anticipadamente el documento y los votos que se iban a emitir, lo que considera que es «información privilegiada».