Los propietarios afectados por el expediente expropiación del edificio Santa Margarita, que iniciará mañana el Ayuntamiento de Eivissa, acordaron impugnar y recurrir todos los pasos de esta tramitación. Así lo explicó el abogado de los afectados, Joaquin Roig, que se reunió ayer con 16 de los 17 vecinos en desacuerdo con el realojo en el edificio de Juan XXIII propuesto por el Consistorio, que ya aceptaron 69 de los 92 propietarios del inmueble.

Durante la reunión, los afectados también acordaron continuar con el recurso administrativo interpuesto al Ayuntamiento y pedir la suspensión del proyecto Eivissa Centre, que prevé la remodelación del centro de la ciudad, incluido este edificio una vez los vecinos sean realojados en el nuevo inmueble, actualmente en construcción.

Por otra parte, Roig quiso destacar «el enfado y la indignación» de los vecinos porque aseguran que, desde el Consistorio, «nunca se les dijo que iban a expropiar». «También dijeron que se iban a poner en contacto con los vecinos para hablar este tema y que quede claro que en ningún momento se les ha llamado para hablar», apuntó.

El PP votará en contra

El abogado explicó además que lo que quieren los vecinos «es que se les dé opciones»: «Hay gente que quiere que se les indemnice por el valor de mercado de su propiedad y después hay vecinos que quieren ser realojados en el edificio que proyectan construir donde ahora tienen sus viviendas», agregó.

Por su parte, la portavoz del PP de Vila, Virtudes Marí, aseguró ayer que su grupo se opondrá a la expropiación que aprobará el equipo de gobierno mañana durante el pleno municipal. En este sentido, Marí destacó, que la aprobación «es el primer paso para convertir la expropiación en una realidad jurídica» y que en la práctica «es como si hicieran un embargo». «Vemos con especial preocupación que lo único que le importa al Ayuntamiento sea hacerse dueño de Santa Margarita, cuando la única obra pública que en estos momentos justifica el proyecto Eivissa Centre son los juzgados y a día de hoy ni sabemos si el Ministerio está de acuerdo o no en su ubicación, de si lo hará o no y no tenemos la certeza de que los juzgados se hagan en la operación Eivissa Centre», agregó Marí para quien «si se pierde una parte importante de la obra pública, este tema no se aguanta por ningún lado».

La portavoz aseguró además que, hoy por hoy, «el proyecto Eivissa Centre consiste únicamente en hacer viviendas de lujo expropiando a unos particulares y eso no está ni estará justificado».

Los vecinos quisieron hacer público ayer su «gran enfado» porque, según destacaron, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la empresa Bruesa, con la que conforman la empresa mixta Itusa, encargada del proyecto Eivissa Centre, «se dijo que los propietarios son especuladores». «Han tratado a los vecinos de una manera injusta y ellos lo único que quieren es que se les dé lo que les corresponde por ley», destacó el abogado Joaquin Roig que quiso agregar también que, «en todo caso, los especuladores son ellos, el Ayuntamiento y la empresa Bruesa».