La Conselleria d'Obres Públiques del Govern ha decidido iniciar el expediente para rescindir el contrato de la auditoría de las autovías a Proyecto y Control S. A. (Pycsa) por considerar que podría incumplir el pliego de condiciones del concurso público. El problema radica en que Pycsa ha trabajado en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con el Grupo Ortiz, que es una de empresas constructoras de la autovía al aeropuerto. De esta forma, se podría incumplir el pliego de condiciones de la auditoría, que establece que «en ningún caso» se podrá adjudicar «a una empresa que ostente relación alguna, de hecho o de derecho, con la redacción de los proyectos o ejecución de las obras». Cabe recordar que la auditoría se hace para analizar si hubo irregularidades en la construcción de las autovías.
Desde Obres Públiques explican que Pycsa presentó una declaración jurada en la que aseguraba que cumplía los requisitos y por eso «se dio por bueno». Sin embargo, después de que la noticia apareciese en la prensa, se ha comprobado que Pycsa y Grupo Ortiz han realizado conjuntamente una obra en la presa El Bayco adjudicada por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2006, tal y como aparece en el BOE. «Nos encontramos ante un posible incumplimiento de la cláusula 17.1 del pliego de prescripciones técnicas», aseguran desde el Govern, donde han dado un plazo de diez días a Pycsa para que presente alegaciones. Desde la Conselleria matizaron ayer que el inicio del expediente no supone que finalmente se anule este contrato, porque podría ser que la empresa demuestre que cumple el pliego.
Retrasos
Si al final se rescinde el contrato, la auditoría de las autovías acumularía ya un considerable retraso. No es el primer problema que se produce con la adjudicación, porque en primavera se tuvo que volver a convocar el concurso cuando ya se habían presentado las empresas debido a un error administrativo.
El 12 de junio, el conseller Jaume Carbonero adjudicó a Pycsa la auditoría por un importe de 682.338 euros. La empresa presentó una declaración en la que aseguraba que «nunca había intervenido en la redacción de proyectos o ejecución de las obras objeto de la auditoría ni pertenecía a un grupo de empresas en el cual una o varias hayan participado de cualquier forma». Pycsa presentó esta declaración firmada por el presidente de la entidad el 18 de abril de 2008.
El Govern notificó ayer mismo a la empresa el plazo de diez días para presentar alegaciones. El reglamento general de la Ley de Contratos señala como causa de resolución de los contratos administrativos el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales o el incumplimiento de las obligaciones que se establezcan expresamente en el contrato.
Hace unos días, desde el Govern aseguraban que la empresa cumplía los requisitos, aunque finalmente se ha comprobado que ambas empresas habían trabajado juntas. El ex ministro Abel Matutes ya alertó días antes de que se adjudicara la auditoría que la empresa que iba a hacerla era la constructora de la autovía al aeropuerto.
Desde la Conselleria d'Obres Públiques explicaron ayer que, en caso de que se rescindiera el contrato, se estudiaría si hay que volver a convocar el concurso o se adjudicaría a la siguiente oferta con más puntos.
La Plataforma Antiautopista ha pedido por escrito a Obres Públiques que anule la adjudicación de la auditoría. Los activistas recuerdan que Pycsa es socia del Grupo Ortiz, que a su vez es socio de MAB en las obras de la autovía al aeropuerto. MAB está «asociada a Empresas Matutes en la cantera que ha proporcionado los áridos a las obras». «¿Alguien es tan ingenuo de pensar que Pycsa tiene la independencia suficiente para juzgar la actuación de una empresa socia suya?», dice la Plataforma, que recuerda que la auditoría debe aclarar si las constructoras eran las más adecuadas. Los activistas consideran que se incumple el pliego de condiciones, además de que la oferta de Pycsa no era la más económica y se habían presentado diez empresas más. «Lo más grave y preocupante es que el Govern tenga el valor de decir que se ha cumplido escrupulosamente», dicen los activistas, que consideran que «no se pueden tirar a la basura 700.000 euros para limitarse a representar una farsa». Los antiautopista recuerdan a los gobernantes actuales que sus cargos los han conseguido por culpa de «la barbarie vivida en Eivissa» y por eso hay que «depurar responsabilidades» y no limitarse a «cubrir el expediente».
El conseller de Mobilitat del Consell, Albert Prats, aseguró ayer que no hizo falta presionar de ningún modo al Govern para que iniciara este expediente. «Hay una completa sintonía, tienen una sensibilidad idéntica a la nuestra», expresó Prats, que indicó que había hablado de esta cuestión con el Govern y tiene la «máxima confianza» en el Ejecutivo autonómico. «Este expediente, se resuelva como se resuelva, contará con nuestro total apoyo», explicó el conseller, que indicó que si se tiene que rescindir el contrato les parecerá bien y también si el caso es el contrario y está justificado jurídicamente. Prats sí que reconoció que la auditoría lleva ya un retraso considerable.
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