El Grupo Drac se tambalea

La 'crisis del ladrillo' ha pasado factura a Vicente Grande. Catorce de sus empresas adscritas al Grupo Drac han presentado un concurso de acreedores voluntario (antigua suspensión de pagos) en el Decanato de los Juzgados de sa Gerrería para hacer frente a un pasivo de entre 600 y 700 millones de euros. El propio Grande, como persona física, se ha declarado en suspensión de pagos para negociar con sus acreedores, varias entidades bancarias, el pago fraccionado de la deuda.

El promotor inmobiliario sólo ha dejado al margen de la acción judicial Real Mallorca, club del que posee el 93 por ciento de su capital social. La medida afecta a un centenar de trabajadores.

Lo que era un secreto a voces en Mallorca estalló ayer como una bomba de relojería.

Los abogados de Grande, entre ellos Joan Font, que también le defiende en el 'caso Plan Territorial de Mallorca', abierto en el Juzgado de Instrucción 6 de Palma, llevaban varias semanas preparando el concurso de acreedores, y ayer, lunes, acudieron al Decanato de la sede judicial de sa Gerrería para ponerlo en marcha.

El expediente puede recaer en el Juzgado de lo Mercantil 1 ó 2, que procederán a designar a los administradores judiciales que se harán cargo de las empresas de Grande. Ayer, asimismo, del propio empresario mallorquín reunió a sus trabajadores para comunicarles el alcance del proceso, que atribuyó «a la crisis inmobiliaria y residencial que actualmente atraviesa el mercado».El Grup Drac fue fundado en 1995 con el eslogan «creamos ilusiones, promovemos realidades».

Asimismo, se presentaba como «un grupo empresarial con sede en las Islas Baleares, líder en el sector de promoción inmobiliaria, con vocación patrimonial, gestionada en base a criterios de calidad y orientación al cliente, sensibilizados con el desarrollo sostenible y comprometidos en actividades culturales y deportivas de las citadas Islas». Con su decisión de acudir a los tribunales, Grande ha puesto de manifiesto su intención de ganar tiempo para cumplir con sus obligaciones contraídas. La Ley Concursal, en vigor desde 2003, permite a las personas físicas y jurídicas presentar concursos de acreedores, que pueden ser voluntarios, como en el caso del presidente del Grup Drac y del Mallorca, o necesarios, instados por los acreedores.

La decisión de Vicenç Grande de presentar un concurso de acreedores cayó como un jarro de agua fría en el sector económico y de la construcción en Balears, que temen un 'efecto dominó' a partir de ahora, sobre todo, entre las pequeñas y medianas empresas subcontratadas por el Grup Drac.