Más de 500 personas presentaron alegaciones a las normas subsidiarias de Sant Josep que fueron aprobadas inicialmente el pasado mes de febrero con el fin de organizar el planeamiento urbanístico del municipio.

El concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, valoró la gran cantidad de alegaciones presentadas de forma «muy positiva»: «Está siendo un proceso muy participativo como nosotros habíamos prometido», señaló el concejal, quien destacó además que el objetivo de involucrar a todo el pueblo en este proyecto «ha surtido efecto». Por otra parte, Prats también reiteró que, precisamente, en vistas a la cantidad de vecinos interesados se ha aumentado el plazo de alegaciones «que ha estimulado aún más a la gente para que diera su opinión». «Ahora toca comenzar a estudiarlas», concluyó el edil, que descartó calcular el tiempo que les llevará trabajar en tantas propuestas y alegaciones presentadas..

El plazo de presentación finalizó el pasado jueves, sin embargo, desde el Consistorio remarcaron que aún queda por sumar a esta cantidad de propuestas todas las alegaciones que llegaron a las oficinas municipales de Sant Jordi y Cala de Bou, así como otras que se recibieron los últimos días.

Desde el Ayuntamiento se preveía que iban a ser muchas las alegaciones a las normas por lo que se decidió ampliar el plazo de dos a tres meses y medio para dar cabida a todas las propuestas de los grupos ecologistas, empresas, vecinos y propietarios interesados en la nueva normativa.

«Ahora tendremos un trabajo duro para responderlas todas, para intentar integrarlas y para ver si es posible contestarlas», aseguró el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, sobre la labor de evaluación que comenzará junto a su equipo técnico a partir de ahora.

El concejal señaló también que no le sorprendió la cantidad de alegaciones: «Cuando vimos el interés que generaban y que la gente venía a traer sus propuestas empezamos a tener en cuenta que íbamos a recibir muchas alegaciones», agregó el edil.

Por otra parte, tras la evaluación de estas propuestas el próximo paso sería la aprobación definitiva de esta nueva normativa.

Entre otros muchos aspectos el planeamiento prohíbe la construcción de campos de golf y puertos deportivos y tiene previsto destinar 1.249.571 metros cuadrados para zonas verdes y equipamientos públicos respondiendo a la filosofía del proyecto como es reducir el suelo urbano.