La dirección general de Qualitat Ambiental i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient ha iniciado una investigación interna para determinar si en la anterior legislatura se cometieron irregularidades administrativas en lo que se refiere a los vertidos de las tierras procedentes de la construcción de las carreteras. Se trata de una investigación paralela a la que actualmente tiene lugar en los Juzgados de Eivissa y que ha demandado una cata pericial a esta entidad para determinar si hubo delito ecológico en el vertido ya que podría contener residuos peligrosos como el asfalto.
En este marco, el director general de Qualitat Ambiental, Josep Lliteres, visitó ayer la zona de los vertidos y aseguró que «todo parece indicar que hay una incorrecta gestión de los vertidos por parte de la empresa porque se ven a simple vista mezclas trozos de asfalto en las tierras».
Por otra parte, en lo que hace referencia a la investigación interna que pretende determinar la rigurosidad del anterior gobierno del PP en el tema de los vertidos, Lliteres señaló que «de todo lo revisado hasta ahora no consta ninguna irregularidad», aunque se comprometió a investigar «absolutamente todas las denuncias» que hicieron en su momento los grupos ecologistas. «Hay varios grupos ecologistas que en la anterior legislatura denunciaron que Medi Ambient no hizo caso a sus agentes medioambientales», detalló Lliteres.
Durante su visita, el director general aseguró también que el vertido de tierras suscitó «una polémica justificadísima» y consideró «que tendrá que tener una pronta solución desde el punto de vista medioambiental, por su proximidad al Parque Natural Ses Salines y por la posibilidad de una mala gestión de residuos peligrosos como puede ser el asfalto».
Una reciente sentencia judicial da por hecho que la constructora de la autovía y Empresas Matutes llegaron a un acuerdo verbal para depositar las tierras en los terrenos del ex ministro para construir un campo de golf.
Según expresó Lliteres, esta visita viene precedida por otra que los técnicos de la Conselleria realizaron hace quince días «con la finalidad de determinar las actuaciones periciales que ha pedido el juez». «Sabemos que el vertido afecta a muchos miles de metros cuadrados y que no todos los depósitos son homogéneos, algunos son sólo de tierra y otros, está a la vista, tienen residuos de tipo asfáltico», reiteró. En este sentido, Lliteres señaló que en principio se harán ocho catas que podrán ir en aumento si es necesario. Asimismo destacó que las analíticas permitirán saber el grado de contaminación del suelo para que el juez pueda determinar el grado de la infracción».
Por otra parte, Lliteres explicó que el Consell Insular se hará cargo de los costes de las catas, a la espera de que «el juicio finalice para determinar quién lo pagará definitivamente, que puede ser el infractor».
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