Multas de hasta 600.000 euros por una fiesta ilegal

No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Sant Antoni, uno de los municipios junto con el de Sant Josep en el que más fiestas ilegales se organizan, señalaron ayer que los servicios jurídicos de este Consistorio no lo ven nada claro, aunque no niegan que el anuncio pueda tener su efecto disuasorio. La ley en la que se apoya Hernanz es de ámbito autonómico (la 16/2006, de 17 de octubre, sobre régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears). Por eso su antecesor, José Manuel Bar, decía al respecto que se trataba de un problema de ámbito autonómico y que, en consecuencia, debía ser el Govern balear o en todo caso el Consell d'Eivissa quien debía enfrentarlo, una vez que la Dirección Insular de las Pitiüses tramitara las denuncias sobre fiestas ilegales realizadas en Eivissa por la Guardia Civil. «Se perseguirá a los promotores y a los propietarios de forma solidaria», dijo Hernanz.

«Es difícil localizar a los promotores, así que se sancionará por igual al promotor y la propietario», dijo también, en referencia a que muchos de los organizadores de las fiestas son extranjeros y por tanto con no responder a los requerimientos, en el caso de que llegaran a recibirlos, les es suficiente para resultar impunes.

Finalmente, la directora insular de Eivissa y Formentera, que anunció todo esto tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Sant Antoni, pidió a todos residentes que denuncien las fiestas ilegales de las que tengan noticia, con el fin de que las policías locales y la Guardia Civil puedan intervenir y poner en marcha el mecanismo para multar a los promotores y a los pro pietarios de los inmuebles.

La colaboración cuidadana ya impidió recientemente la celebración de una fiesta de este tipo en el municipio de Sant Josep.