C. ROIG

El Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido no paralizar por el momento las obras que se están llevando a cabo en Benirràs porque su alcalde prefiere esperar a contar con su propio informe jurídico en el que se aclare si las once licencias que hay otorgadas en esta zona se pueden ejecutar o no. De esta forma, el primer edil desobedece el requerimiento que le envió durante la mañana de ayer el Consell y en el que le pide que paralice las obras y que cumpla la ley de medidas urgentes de protección territorial que entró en vigor hace escasos días.

El problema reside en los once permisos que se otorgaron en la zona y que, según los propietarios, podrían ejecutarse porque en la ley existe una disposición adicional en la que dice que se respetarán las licencias otorgadas en base a la normativa derogada. Sin embargo, los juristas del Consell interpretan que esta disposición no afecta a Benirràs porque lo que se ha hecho allí es ampliar el territorio LEN (Llei d'Espais Naturals). «La LEN deja sin efecto los proyectos de urbanización o las licencias que pueda haber», explicó el conseller de Política territorial, Miquel Ramon, que cree que el Ayuntamiento debería haber actuado «por su cuenta» y paralizar las obras sin que se le requiera. Ramon señaló que la famosa disposición adicional no se refiere a Benirràs, Roca Llisa, Cala d'Hort y Punta Pedrera (espacios LEN), sino a una serie de normativa que se deroga con la ley, como por ejemplo la de campos de golf o la de medidas específicas para las Pitiüses. «Si hubiera un campo de golf con licencia ésta serviría», aclaró Ramon, que considera que el abogado de los propietarios tiene una «visión absolutamente interesada» y que «no se corresponde con el contenido de la ley», además de que «mezcla dos cosas que no tienen nada que ver». De todas formas, el Consell está redactando un informe jurídico más amplio que «estará a disposición de las instituciones». «Pensábamos que quizás Sant Joan nos haría alguna consulta», expresó Ramon, que indicó que la opinión de todo el servicio jurídico es «unánime».

El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, explicó que agentes de la policía local estuvieron visitando las obras tanto el jueves como ayer e informaron de que está preparando el terreno para edificar una casa unifamiliar en una parcela de 2.000 metros con una licencia que se otorgó en mayo de 2007. «Estaremos vigilantes para que no se haga mucho allí», expresó Marí, que indicó que dar y retirar licencias es un tema «muy serio» y no se puede actuar a la ligera. «Nuestra postura es prudente y lógica, el informe estará la semana que viene y seremos escrupulosos con lo que diga», indicó el primer edil, que asegura que por un lado está la versión de los propietarios y por otra la del Consell y el Govern, que «hacen leyes pero siempre con lagunas». De hecho, criticó que exista esta disposición adicional que provoca confusión. Marí no sabe qué puede pasar si desobedece al Consell, pero cree que no se puede tomar una decisión «porque lo digan unos u otros» sino «en base a un argumentario».

La promotora de estas obras, Casas y Jardines Ibiza, explicó que están actuando de forma correcta porque cuentan con una licencia del 11 de mayo de 2007 que sigue en vigor en base a la disposición adicional de la ley en la que se dice que se mantendrá la eficacia de los actos administrativos firmes que se hayan dictado en aplicación de las normas derogadas. Esta promotora ha encargado un dictamen jurídico al despacho Garrigues en el que se establece que una licencia es un acto administrativo y en el que incluso se dice que se podrían autorizar más licencias si ya estuvieran en tramitación. También citan unas declaraciones del director general de Territori del Govern en las que dice que será difícil evitar al ejecución de las licencias relámpago de Benirràs. También advierten a los ecologistas de que cumplen la ley.