Escepticismo entre los constructores sobre la aplicación de la Ley de la Vivienda

«Conozco el texto sólo por las reacciones que ha suscitado y, como mínimo, es positivo que todos los partidos se hayan puesto de acuerdo. Ahora bien, luego faltará ver el interés real en que lo que recoge el proyecto se cumpla», explicó el máximo representante del sector en las Pitiüses.

«Todo esto está muy bien pero después deben ser los Ayuntamientos los que lo pongan en marcha y, de momento, no parece que haya demasiado interés al respecto. Sólo hace falta ver que de las 1.000 viviendas de VPO anunciadas hace poco, sólo 12 están en la isla. En Mallorca es distinto, allí sí que parece que haya interés en este tipo de actuaciones», añadió.

El texto propuesto por todos los partidos incluye también la prohibición de no superar los crecimientos de suelo urbanizable previsto en los planes territoriales, así como la limitación de edificación en áreas de armonización y de suelo rústico.

A este respecto, Roig consideró que «en general hay suficiente suelo urbanizable cuya edificación está pendiente de ejecutar. Sólo el municipio de Eivissa, por su tamaño reducido y su explotación, podría tener algún problema, pero incluso ahí queda todavía bastante terreno. Ahora, lo que deben hacer es incentivar a los propietarios para que se decidan a construir y hagan VPO».

Dichos incentivos son imprescindibles puesto que la vivienda protegida sigue sin ser un producto atractivo para los promotores. «Ahora mismo no resulta interesante para un constructor el realizar viviendas protegidas a no ser que el terreno lo hubiera adquirido desde hace muchos años. Tal y como ha ido creciendo el precio de los solares en los últimos seis o siete años, hacer VPO no es rentable. La Administración tendrá que buscar otras vías para promover este tipo de vivienda o el acceso a un hogar», apuntó. «Quizás algo que tendrían que considerar es la posibilidad de incrementar la edificabilidad en el caso de promociones de VPO. Eso permitiría sacar más viviendas de este tipo con el mismo terreno y haría más atractivo para los promotores el realizar este tipo de viviendas», añadió.

«La situación no está tan fastidiada como puede llegar a estarlo pero todos estamos expectantes y habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos seis meses. Ahora hay gente que tiene bastante trabajo pero también se han producido despidos, pero el alcance real de la crisis se verá a final de año», afirmó Roig en referencia a la existencia o no de crisis en el sector. «En función de cómo marche la temporada la gente se animará más a comprar o no vivienda. Además, debemos ver cómo va el tema de las entidades financieras. Lo que más miedo da es que los bancos sigan apretando el puño», añadió.

Respecto al paro de las obras en época turística, el presidente de los constructores cree que es una medida injusta. «En una situación en la que el trabajo está bajando, no deberían poner más trabas a nuestras empresas. Si tenemos faena, lo suyo es poder hacerla para seguir a flote. Está claro que no vas a hacerlo si estás pegado a un hotel, somos conscientes de que hay que dar cierto respiro, pero una norma como la que quiere aprobar Santa Eulària impide prácticamente cualquier actuación en todo su municipio. Eso carece de sentido».

Los constructores baleares denunciaban hace unos días que las diferentes administraciones adeudan unos 130 millones a las empresas de las islas, lo que en la actual coyuntura, es una losa más a su desarrollo y supervivencia. En el caso de Eivissa, la incidencia de este «mal congénito» de las administraciones no es tan relevante, según Roig.

«No lo sufrimos tanto como en Mallorca porque aquí, la mayoría de las empresas, son pequeñas. Estos proyectos los llevan más grandes firmas, que son a las que más les repercute. De hecho, muchas sociedades de aquí no se certifican para trabajar con las Administraciones por ese motivo», explica.

«Hay casos como el de la construcción del Instituto de Estudios Secundarios de Sant Agustí, que se finalizó hace cinco años y todavía se adeuda dinero a la constructora, según me consta. Este no es un caso habitual, pero tampoco es extremo. En el caso de Can Frígolas también se producido un retraso importante en el pago», concluyó.