La Fiscalía de medio ambiente considera que «deberá investigarse» la «pasividad mostrada» por las diferentes instituciones en el caso de los vertidos de tierras de las autovías, unas responsabilidades que «deberán depurarse a la luz del Código Penal» si de la investigación resultase que ha habido omisión voluntaria a la hora de perseguir los hechos.
Desde el ministerio público recuerdan que hubo denuncias de particulares, del Seprona y de agentes medioambientales y forestales ante los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Antoni y las conselleries de Medi Ambient y Obres Públiques del Govern. También se presentaron mociones en el Consell. Sin embargo, todas estas denuncias no tuvieron como resultado la incoación de expedientes, salvo en el caso de los vertidos que se hicieron en sa Serra Grossa. En este último caso se abrieron dos expedientes por la Conselleria de Medi Ambient por tala de pinos y acopio de tierras y materiales de demolición en el cauce de un torrente, con su correspondiente sanción ya abonada.
Sin embargo, ninguna institución actuó en los vertidos que se produjeron en Can Cardonet y en las tierras propiedad de Empresas Matutes.
La Fiscalía considera además que la documentación pone de relieve el incumplimiento por parte de las constructoras de las autovías de las cláusulas del estudio de impacto ambiental o de las condiciones que en su día impuso la Comissió balear de Medi Ambient para tratar las tierras de la autovía del aeropuerto y Sant Antoni, ya que este material debía enviarse al vertedero o a canteras inactivas. La dirección ambiental de las obras era responsabilidad de la empresa Tragsatec y ésta siempre afirmó que el contratista cumplió rigurosamente las prescripciones de Medi Ambient, algo que, según el fiscal, contrasta con los numerosos requerimientos que se les hicieron.
El fiscal ha solicitado al Consell la realización de un peritaje de los vertidos.
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