Vicente Bufí Palau, administrador único de Herbusa S.A., y Antonio Ribas Bonet, director de la entidad desde 1988, prestaron testimonio ayer como acusados ante la sección Primera de la Audiencia de Palma en la apertura de juicio oral por sus presuntos delitos contra el medio ambiente derivados de la contaminación de acuíferos causada por la explotación durante las últimas décadas del vertedero de residuos sito en el canal de na Putxa, del término municipal de Santa Eulària.
La Fiscalía del Medio Ambiente de Balears, que pide para cada uno de los acusados una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 255.000 euros, basó su exhaustivo interrogatorio a Bufí y Ribas en la presunta inexistencia de permisos administrativos específicos para la actividad de recogida de residuos sólidos urbanos, que ya el padre del primero llevaba a cabo desde la década de los 60 del siglo pasado, y que según la acusación pública comportaban en 2003 una facturación anual de aproximadamente seis millones de euros.
Convicción
Los acusados, por su parte, señalaron que la empresa siempre había trabajado en la convicción de que tenía permiso desde 1968 del Ayuntamiento de Santa Eulària, y que durante las cuatro décadas de existencia no había sido amonestada por ninguna Administración local, insular o nacional porque su labor estuviera fuera de normativas o leyes en vigor respecto a su actividad. También insistieron en que los informes del Instituto Geológico y Minero de España con los que cuentan indican que el suelo del vertedero es impermeable.
Conforme a su calificación previa del delito contra el medio ambiente, el fiscal enfocó sus preguntas a la demostración de que desde hace cuatro décadas el vertedero ha sido explotado con lucro monetario y de forma privada, sin que estuviera en posesión de las normas reguladoras de esa actividad, que en general exigían la existencia de licencia previa para su funcionamiento y la adopción de medidas protectoras del medio ambiente. Para el representante del Ministerio Público -y para el letrado de la acusación popular en nombre de la entidad denunciante, Hábitat y Basuras-, desde el inicio de sus actividades el vertedero acogió todo tipo de materiales procedentes de usos domésticos e industriales, incluidos los tóxicos y peligrosos como baterías, pilas, derivados del petróleo, recipientes de lubricantes, pinturas, líquidos de frenos, colas, adhesivos y barnices.
Como consecuencia de ese almacenamiento indiscriminado en la antigua torrentera, el fiscal considera que su suelo habría acabado siendo muy permeable por fisuras muy previsibles de las rocas calizas que lo forman, y habrían acabado llegando a los acuíferos de la zona y contaminándolos merced a que los derivados tóxicos de la basura fermentada -no menos de dos millones de toneladas en los últimos 20 años- fueron arrastrados a las grietas del fondo por la simple acción las aguas de lluvia.
Tanto en el testimonio de Vicente Bufí, como especialmente en el de Antonio Ribas, no sólo se negaron las imputaciones de la Fiscalía sino que fueron aflorando sutilmente los reiterados contratos del vertedero de ca na Putxa para hacerse cargo de los residuos sólidos de todos los Ayuntamientos de la isla de Eivissa, del puerto y el aeropuerto de la capital y de puertos privados, así como desde hace años, de los que se generan en la isla de Formentera, sin que ninguna de las numerosas Administraciones y organismos públicos -ni agricultores o ganaderos radicados en sus proximidades- haya denunciado hasta el día de la fecha ninguna irregularidad de Herbusa ni haya solicitado su cierre por incumplimiento flagrante de la normativa medioambiental.
De la declaración de Vicente Bufi se dedujo que la facturación multimillonaria que el fiscal atribuye a Herbusa S.A. -muy superior a 1.000 millones de las antiguas pesetas- no tiene más de un 15% de relación con el vertedero de ca na Putxa sino del conjunto de actividades del 'holding' familiar de empresas, que van desde la instalación y mantenimiento de jardines hasta la recogida de basuras en los municipios ibicencos, pasando por la gestión de contenedores y por la equipación de parques y mobiliario urbano.
A preguntas de los letrados de la defensa, Ribas Bonet señaló también que según su conocimiento las zonas aleñadas al vertedero objeto del litigio están entre las más valoradas de Eivissa para la ubicación de residencias particulares, urbanizaciones e incluso un golf. El juicio contra los responsables del vertedero se extenderá como mínimo durante toda la presente semana, dada la ingente cantidad de testimonios de peritos y expertos que están citados ante el tribunal.
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