La Audiencia Provincial ha estimado un recurso de apelación interpuesto por la propietaria de una finca de la carretera de Sant Antoni y que obligará a los Juzgados de Eivissa a reabrir la causa y a seguir investigando si hubo delito de expropiación ilegal y de allanamiento de morada.
Este caso se refiere a una finca de la carretera situada entre Sant Rafel y Sant Antoni en la que entraron las máquinas el 2, el 11, el 15, y el 24 de febrero y el 4 de julio de 2006. La denunciante detalló que en la ocupación se causaron destrozos, derribando plantaciones de gran valor ecológico y creando un riesgo, ya que se utilizaron excavadoras en la zona en la que se hallaba el cable eléctrico de suministro a la vivienda y el de fibra óptica de telefonía. La denunciante también aseguró que no se le notificó la ocupación de su finca, por lo que consideró que los hechos podían ser constitutivos de un delito de expropiación ilegal y de allanamiento de morada.
Según se relata en la resolución de la Audiencia, la documentación que se remitió desde el Govern sobre este expediente se refería a la autovía del aeropuerto y no a la de Sant Antoni, por lo que «parece evidente que ha existido un error en la aportación de la documentación por parte de la Conselleria». Este error, «de fácil subsanación» según los magistrados, demuestra que no puede acordarse el sobreseímiento, ya que antes hay que aportar la documentación correcta. También alertan de que hay que comprobar si no se ha producido delito de allanamiento de morada, ya que habría que descartar que la franja ocupada de la casa conectase directamente con la vivienda.
El Juzgado de Instrucción nº 3 sobreseyó el caso en octubre de 2006. Según diversas fuentes, esta finca pertenece a la familia del gerente del área de salud, Francisco Cárceles.
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