Cala Comta desarrolla un proyecto de urbanización que cuenta con la oposición vecinal y de los ecologistas.

El Ayuntamiento de Sant Josep está consiguiendo reducir el importante retraso en la concesión de licencias de construcción que acumulaba. Así al menos lo asegura el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, que indica que actualmente los ciudadanos tienen que esperar una media de tres meses para obtener un permiso, cuando en el mes de julio había licencias que todavía no habían sido informadas pese a datar de 2005. «Poco a poco estamos consiguiendo normalizar la situación», explica Prats, que indicó que lo primero que hizo cuando llegó al departamento en verano fue colocar las solicitudes por orden para acelerar el trabajo. Actualmente se están informando licencias de finales de 2007, por lo que se ha conseguido reducir el atraso a tres meses. De todas formas, Prats reconoce que todavía existen demoras, sobre todo en la concesión de los finales de obra. «En su día preferimos preferimos concentranros en el otorgamiento de licencias porque existía el peligro de que actuase el silencio administrativo», aclaró el concejal, que señaló que ahora todavía hay finales de obra que «hace muchos meses que esperan».

El aumento de personal ha contribuido a reducir estas cifras. En los últimos meses han contado con dos arquitectos a tiempo parcial cuyo contrato se acabará pronto. Por eso se aprovechará para sacar una plaza de arquitecto técnico y a continuación otra definitiva de arquitecto. Esta última plaza la ocupó durante años Antonio Huerta, que tuvo que abandonar por sus numerosas causas judiciales. Fue precisamente la marcha de Huerta unos meses antes de las elecciones lo que provocó un retraso mayor en la concesión de licencias porque el Consistorio se quedó sin arquitecto municipal durante un tiempo.

El Ayuntamiento también ha contratado a una persona que se encarga de la asesoría jurídica en materia de urbanismo y que, según Prats, «está trabajando muy intensamente», debido a la situación urbanística que ha tenido que afrontar el nuevo equipo de gobierno. Durante los primeros meses se llegaron a paralizar una decena de obras en el municipio, la mayoría porque estaban incumpliendo el bando que impide realizar trabajos en zonas turísticas durante el verano, aunque también hubo actuaciones por indicios de ilegalidad en algunas licencias, como por ejemplo el caso de Punta Pedrera en Cala de Bou, el de Cala Vedella -habían construido más de lo permitido utilizando permisos para locales comerciales- o una urbanización de Cala Tarida cuyas obras no se ajustaban a la licencia.