La asamblea del viernes de los propietarios de liciencias de taxi no sólo puso fin a la huelga que mantenían desde hace semanas, sino que también enterró buena parte de las posibilidades de que el Plan del Taxi ideado por el Consell Insular de Eivissa se pueda hacer efectivo.
«Entre la renuncia de los ayuntamientos gobernados por el PP a conceder ninguna licencia temporal y el bloque de los titulares de todos los municipios, incluidos Vila y Sant Josep, unidos a las amenazas y presiones que están sufriendo muchos asalariados, hacen que actualmente sea muy complicado hacer efectivo el plan», reconocía ayer el conseller de Movilidad, Albert Prats.
A pesar de esta extrema dificultad, el conseller dijo que no se plantea retirar el plan «puesto que lo que proponemos es justo y no debemos dejarnos presionar por un colectivo y dejar de escuchar a otro que tiene menos fuerza para reivindicar sus derechos; eso sería injusto».
La Administración insular logró mantener en el articulado del Plan de Actuación en Transporte Público de viajeros en vehículo turismo para los años 2008-2009 una cláusula que permitía la «permeabilidad» de las licencias, es decir, que los permisos que no se dieran en un municipio pasaran a otro y que si uno de los dos colectivos enfrentados no cubría su cupo, la diferencia pasaría al otro.
Éste artículo permite que las 136 licencias en juego pasen a los municipios de Eivissa y Sant Josep, así como que se adjudiquen íntegramente a los empleados y no a los propietarios de taxi. «Pero esto no es suficiente. Para todos los permisos sólo hemos recibido 86 solicitudes de asalariados, con lo que no se podría cubrir el total aunque todos estuvieran dispuestos a aceptar las licencias», explicó Prats.
«Presiones y otros métodos»
Conseguir 86 taxis más en la calle durante julio y agosto dando servicio en los municipios que otorgarán licencias sería el resultado menos malo en estos momentos, pero resulta improbable. Según explicó Prats, «de los que lo habían solicitado, finalmente creo que serán pocos los que se decidan a hacerse con el permiso porque, en los últimos días, me han informado varios trabajadores de que están sufriendo presiones y otros métodos, que no me atrevo a calificar, para que no lo hagan».
A este respecto, el presidente de la Asociación de Asalariados del Taxi de Eivissa, Secundino Fernández, reconoció que algunos de sus compañeros estaban siendo amenazados con el despido. «Según el Estatuto de los Trabajadores [los propietarios] pueden alegar que es competencia desleal y optar por rescindir el contrato. Eso es un derecho que tienen, lo que no vamos a tolerar es otro tipo de presiones», afirmó.
Respecto al argumento manejado por los propietarios de que un asalariado no puede ser trabajador y empleador al mismo tiempo, Fernández lo rechazó rotundamente: «El régimen de la Seguridad social dice que es perfectamente compatible».
Albert Prats explicó ayer que la situación que se ha generado con los titulares de las licencias tiene su origen en la falta de voluntad de los ayuntamientos para no ceder a la presión de los taxistas y conceder más licencias fijas.
Por este motivo, y como posible solución al problema, aseguró que su intención es la de realizar un nuevo estudio de la falta de taxis en la isla ya que la fórmula actual «recoge la población y las plazas hoteleras de cada municipio vinculados a parámetros arbitrarios».
«Es necesario aplicar una nueva fórmula en base a criterios socieconómicos bien ponderados y teniendo en cuenta la repercusión económica en el sector», añadió.
Además, Prats apuntó que el reparto de licencias por municipios no le parece el sistema más adecuado. «Sería mejor entender la isla como una misma zona y que fuera una entidad común, quizás el Consorci de Mobilitat, el que regulara las licencias», añadió.
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