07/02/08 0:00
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J. L. M. El equipo de gobierno de Sant Josep sacó adelante anoche la aprobación inicial de sus nuevas Normas Subsidiarias con el voto en contra de la oposición, cuya portavoz, Encarna Castro, justificó con acusaciones de «inseguridad jurídica», «errores» e «ilegalidad».

El portavoz del equipo de gobierno, Josep Antoni Prats, defendió la necesidad del nuevo texto normativo por haber quedado «obsoleto» el antiguo planeamiento urbanístico. Prats señaló que dicha normativa se hizo «en un período desarrollista y por un gobierno que aún lo era más, y hecho por unos técnicos que querían situarse bien para hacer negocio». El portavoz progresista aludió al incumplimiento de leyes de rango superior vigentes desde los años 80 y a la necesidad de adaptar el planeamiento urbano a la realidad actual. En ese sentido, precisó que las antiguas normas incumplían 29 leyes y decretos estatales, 67 normativas baleares y otras siete de ámbito pitiuso.

Por todo ello, Prats reivindicó un planeamiento «adaptado a la legislación actual, claro, proteccionista del territorio y generador de las situaciones necesarias para garantizar unas mejores condiciones de vida a los ciudadanos». Prats calificó de «documento abierto» la nueva normativa y solicitó la colaboración de la oposición y del conjunto de los ciudadanos para mejorar el texto provisional, cuyo período de exposición pública se ha incrementado de los 45 días preceptivos a 90.

Prats también remarcó que el nuevo planeamiento sólo produce crecimiento urbanístico en las zonas residenciales consolidadas y, por contra, destacó la gran generación de espacios de uso público.

Por su parte, Encarna Castro puso el acento en la falta de un informe de Costas, a su juicio preceptivo antes de la aprobación de la Normas Subsidiarias, y en el coste que tendrá para el municipio declarar determinados terrenos como zonas libres privadas, entre otros aspectos. «Ustedes son muy generosos con los terrenos de los demás», espetó al equipo de gobierno.

Por su parte, Prats reprochó a la portavoz del PP que se detuviera sólo en los pormenores del proyecto y no en la visión global y le respondió: «Nosotros miramos el territorio y ustedes, las fincas; y encima lo pasan todo a dinero». Prats aseguró que esta operación no supondrá coste alguno para las arcas municipales porque surge de la aplicación de leyes de rango superior que se incumplían y porque en los casos en que se vulneran derechos éstos se traspasan a otras zonas donde sí podrán desarrollarse.

En cuanto al informe de Costas, Prats aclaró a la oposición que la ley estatal sólo establece la obligatoriedad de remitir el texto para su aprobación por Costas, trámite que, añadió, ya se ha realizado.