El juicio oral contra los presuntos responsables de la contaminación de pozos de Santa Gertrudis se retrasará al menos hasta 2009 porque la causa se ha visto especialmente perjudicada por la falta de personal de los Juzgados. Según explicó el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, este caso lo llevaba una oficial que está de baja desde hace meses y el Ministerio de Justicia no ha nombrado sustituto. Esto ha ralentizado la remisión de esta macrocausa a la Audiencia, ya que varias de las partes (entre ellas el Govern) han presentado un recurso en apelación sobre la que debe decidir este órgano superior.
Tanto el Govern como los afectados sostienen que se debería abrir juicio oral también contra la empresa Rafibra, que reparó los tanques de combustible de la gasolinera. Actualmente el juez sólo ha acusado a los tres responsables de la estación de servicio y al jefe de obra durante su construcción. Todos ellos están imputados por un supuesto delito grave contra el medio ambiente, ya que el vertido de la gasolina llegó a contaminar 30 toneladas de agua del acuífero de la zona.
El Ejecutivo está personado en esta causa porque pagó los casi dos millones de euros que ha costado la descontaminación de los pozos de Santa Gertrudis.
El juez Torres indicó que el Juzgado número 1 acumula varias macrocausas, a lo que se une la falta de personal. «He denunciado con fuertes palabras esta situación de inoperancia ante la gerencia del Ministerio», aseguró el magistrado, que indicó que además de tardar en sustituir las bajas, no se les permite la ampliación de personal y los interinos que llegan no tienen experiencia en el sistema. «El Decanato ha doblado su carga de trabajo desde el año 2000 y se ha pedido un refuerzo que se ha denegado por razones presupuestarias», añadió el magistrado, que denunciará esta situación ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Torres aseguró estar indignado con este tema, porque además provoca un retroceso en la informatización del Juzgado.
La causa de los pozos de Santa Gertrudis tiene unos diez tomos, por lo que se supone que la Audiencia tardará unos meses en pronunciarse al respecto. La Fiscalía reclamó una pena de cuatro años de cárcel para cada uno y la clausura definitiva de la estación de servicio.
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