C. R.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Carlos Torres, ha reabierto una causa en la que se investiga si el Govern cometió un presunto delito de allanamiento de morada o contra la inviolabilidad domiciliaria al entrar en la finca de Can Busquets, situada en la carretera de Sant Antoni y donde debía ser expropiada una carpintería y parte del terreno.

El magistrado estima así un recurso de reforma presentado por la defensa de Can Busquets al que se adhirió el fiscal. De esta forma, el juez acuerda continuar con las diligencias instructorias y ha citado para el próximo 30 de julio al propietario del terreno, Juan Marí, para que ratifique la denuncia que hizo en su día.

Por otro lado, el magistrado desestima que se haya producido una supuesta ilegalidad del procedimiento expropiatorio y rechaza en este aspecto el recurso de reforma que presentó la defensa del expropiado.

En fecha de 22 de junio de 2006, el juez decretó el archivo de la causa por «no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito origen de las mismas». Sin embargo, en el recurso presentado por el expropiado, se consideró que no se podía archivar el caso porque no se había investigado la supuesta actuación de la Administración, que accedía por la 'vía de hecho' a las fincas afectadas por las obras de la carretera de Sant Antoni y posteriormente solicitaba la autorización judicial para entrar en el domicilio, «lo que podría constituir delito, sobre la base de la oposición del denunciante a la entrada de las máquinas en aquella finca, al considerar irregular el procedimiento expropiatorio».