P. Candia17/10/06 0:00
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El Gobierno central debe aportar 101 millones de euros hasta el 2015 y otros 50,6 millones anuales para solventar el déficit en infraestructuras judiciales en Balears y paliar las carencias detectadas, respectivamente, según las previsiones apuntadas en un estudio elaborado por la empresa Accenture. La vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, que ha mantenido diversas reuniones con los diferentes estamentos del sector, trasladará esas cifras al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en una reunión prevista para el próximo seis de noviembre, en la que abordarán el coste del traspaso en las competencias de Justicia. Las posturas, por ahora, están muy distantes. Madrid sólo ofrece 30,1 millones de euros, frente a los 50 exigidos por el Govern. En infraestructuras, Madrid está dispuesto a aportar 4 millones, frente a los 101 apuntados en el «Estudio sobre la Administración de Justicia en las Illes Balears».

Estaràs se mostró optimista en la rueda de prensa que ofreció ayer respecto a la consecución de esta cantidad, ya que el informe viene avalado por agentes de todo el sector judicial (asociaciones profesionales, sindicatos y colegios oficiales), y estimó que la trasferencia podría ser una realidad «a finales de este año o en enero», aunque matizó que conseguir la parte correspondiente a las inversiones «costará un poco más».

Dijo, asimismo, que el estudio prevé la construcción de edificios judiciales en Eivissa, Manacor, Inca, Ciutadella, Maò y Palma, con una inversión global de 72,97 millones de euros, de los que 49,22 millones corresponden al de Palma, ya que el Ejecutivo prevé separar la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que actualmente comparten dependencias. Precisamente, ayer los representantes sindicales manifestaron estar «plenamente» de acuerdo con el traspaso de Justicia a la Comunitat Autònoma siempre y cuando éstas estén «bien dotadas», según declaró ayer a este diario, Andreu Bou, del CSI-CSIF. Los sindicatos mantuvieron varias reuniones con Rosa Estaràs para fijar la postura de los trabajadores. El traspado afetaría a todos los empleados administrativos, incluidos los secretarios judiciales. Balears es una de las pocas comunidades que siguen sin recibir las transferencias de Justicia. El proceso es lento debido a cuestiones de índole económica.