08/09/06 0:00
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C. R.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó ayer el decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Eivissa da por aprobado el proyecto Eivissa Centre. A partir de ahora, una vez en vigor esta modificación puntual del plan general, el Ayuntamiento de Eivissa ya puede comenzar todas las obras previstas dentro de este proyecto de remodelación urbanística. De hecho, las previsiones apuntan a que durante 2007 se puedan comenzar el 100% de las obras, con una inversión que podría superar los 70 millones de euros. Las actuaciones pendientes de inciarse son la construcción de los nuevos Juzgados y la Delegación del Gobierno, el nuevo colegio de la calle Murcia y el traslado del Centre d'Educació de Persones Adultes y la construcción de un edificio para acoger un auditorio y la escuela de música. Paralelamente se llevarán a cabo 800 aparcamientos subterráneos en Isidor Macabich y Sa Graduada y viviendas y locales comerciales en Isidor Macabich y la calle Madrid.

En cuanto a los proyectos que ya están en marcha -un 18 por ciento-, el más polémico es el edificio del bulevard Abel Matutes, donde serán realojados los vecinos de Santa Margarita. Estas obras fueron paralizadas por no ajustarse a la licencia con la que contaban y ahora, según el Ayuntamiento, podrán continuar en cuanto dispongan de un permiso de acuerdo con la modificación puntual del PGOU. Este edificio dará cabida a los 92 vecinos de Santa Margarita y tendrá 39 viviendas de mercado libre. Otras obras que están en marcha son las de la nueva escuela de sa Graduada, que se está levantando en la calle Vicent Serra y que se encuentra ya en la fase final de construcción. De hecho, se prevé que el traslado de los alumnos se haga este mismo curso. Por último, el aparcamiento soterrado de Vicent Serra, de 236 plazas, está «prácticamente finalizado».

Por otro lado, el PP presentará la semana que viene el recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ayuntamiento, cuya redacción han encargado al despacho de Miquel Roca Junyent. «Pedimos la suspensión de los efectos de la modificación del PGOU, por entender que es ilegal», explicó la portavoz Virtudes Marí, que indicó que de esta forma quieren evitar indemnizaciones y problemas futuros.