M.A.
La Asociación de Vecinos de Can Raspall manifestó ayer en un comunicado su rotundo rechazo a la planta de cemento instalada en Sant Jordi, que ahora mismo está paralizada cautelarmente por el juez, y dejó claro que va a «luchar por todos los medios legales» a su alcance y «hasta el final para evitar esta aberración medioambiental» que considera «ilegal» y contra «la autoridad responsable de esta determinación», solicitando «el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que se puedan causar». La agrupación vecinal insistió en que sólo quiere defenderse de «una decisión ilegal y nefasta para el barrio» y pidió a la Conselleria balear d'Obres Públiques que «revoque la orden, anule todas las actuaciones que se están llevando a cabo en este momento y que venga a dialogar con los ciudadanos» de la zona. Asimismo, los vecinos sugirieron como ubicación alternativa la antigua cantera inactiva de Cala Tarida que se regenerará mediante el vertido de materiales procedentes de excavaciones y restos de construcción. «El impacto medioambiental sería menor y los vecinos no tendríamos que sufrir esta insalubre carga», señaló el colectivo.

La asociación aseguró que ya ha «pagado» su «cuota de solidaridad y sacrificio» en lo referente a las obras de la autovía del aeropuerto, debido a las molestias que ocasionan a los vecinos el paso continuo de camiones. «No queremos seguir siendo los tontos y los parias de esta situación», añadieron. La asociación duda de que la planta no sea «contaminante», tal y como sostiene el Govern, así como de que no sea necesaria una licencia municipal para su instalación.