El Pacte le propone al PP un «pacto por la legalidad urbanística»

Pide a los populares «higiene democrática» y dice que el alcalde de Sant Josep debería dimitir

25/07/06 0:00

M.A.
El grupo progresista del Consell propuso ayer al PP «un gran pacto por la legalidad urbanística». «Hemos llegado a unos niveles de ilegalidad y corrupción urbanística que creo que no podemos continuar por este camino, por eso estamos dispuestos a hablar», señaló la portavoz del Pacte, Pilar Costa, advirtiendo que esta oferta de diálogo «no quiere decir amnistía» para todas las irregularidades urbanísticas que se han detectado hasta ahora. «Queremos que se depuren responsabilidades por todas las ilegalidades que se han cometido, unas ilegalidades que acarrearán indemnizaciones económicas que tendrán que pagar de sus bolsillos los ciudadanos, por eso estamos dispuestos a hablar de un gran pacto por nuestro territorio. De aquí en adelante no se debe dejar pasar, y muchos menos por parte de la Administración, ni una sola ilegalidad. Se ha de acabar con esta impunidad», subrayó.

El Pacte realizó esta propuesta después de pedirle al PP «higiene democrática con los responsables políticos en las instituciones donde está gobernando» y de echarle en cara al Consell que no se haya pronunciado ante los casos de «corrupción urbanística» en los que se han visto implicados políticos populares. « Los primeros infractores de esta isla son los alcaldes del PP y eso es absolutamente inadmisible», subrayó Costa, haciendo hincapié en el caso del alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, para el que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia para una vivienda en la cima de Puig d'en Serra. Según los progresistas «el alcalde de Sant Josep ya tendría que haber dimitido» porque, señalaron, «no hay que esperar a la justicia para que se asuman las responsabilidades políticas. No se puede mantener un alcalde dirigiendo un ayuntamiento esperando que haya una sentencia por la vía penal». El Pacte lamentó que el Consell haya creado «un departamento de disciplina urbanística para perseguir a los particulares cuando a los primeros que tendría que perseguir es a sí mismos, ya que son los primeros infractores».