Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, que se trasladó a Eivissa para la ocasión, aseguró que la declaración de Antoni Marí Tur no ha variado la posición inicial del Ministerio Público y señaló que vale la pena seguir investigando este presunto delito de prevaricación urbanística. La Fiscalía abrió en su día diligencias penales al considerar que pudo haber una actuación delictiva por parte de la comisión de gobierno municipal que concedió la licencia, ya que se le había advertido con anterioridad de su ilegalidad.
A la salida de su comparecencia ante el juez, en la que estuvo presente el Fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, el ex alcalde insistió en los argumentos que ya emplearon hace unos días los cuatro concejales que declararon ante el Juzgado de Instrucción número 1 asegurando que su decisión se basó en una serie de informes técnicos favorables. «Considero que nos atuvimos a los informes que había», señaló para justificar que la comisión de gobierno de la administración municipal de Sant Antoni en 1997 informara a favor de la licencia para hacer la casa. Eso sí, también aseguró que en ninguno de los informes técnicos en los que se basó su actuación se aludía a que la vivienda de Michel Cretu estaba construida en la cima de un monte, un elemento fundamental para saber si la mansión era legal o no, teniendo en cuenta que la casa del músico rumano corona un monte en zona ANEI, algo que prohibe la Ley de Espacios Naturales (LEN).
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