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B. R./ EUROPA PRESS
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha autorizado al Govern a llevar a cabo la ocupación de la finca de Can Malalt, para ejecutar las obras de la carretera del aeropuerto, según un comunicado. Este hecho implica la suspensión de la prohibición de entrada al terreno determinada por el juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa. La Audiencia Provincial ratificó la decisión del juzgado ibicenco, aunque con el voto particular de uno de los magistrados en el que aseveraba que se había producido «la reacción de una jurisdicción incompetente, la Justicia penal, ante la supuesta ausencia de un requisito legal omitido por parte de la Administración en un expediente de expropiación forzosa». Añadía que, en consecuencia, para justificar la medida cautelar adoptada era obligado elevar «artificiosamente» la omisión de la citada autorización a la categoría de delito, «como así ha ocurrido en el planteamiento de los denunciantes», según la sentencia.

Desde la Plataforma Antiautopista valoran este nuevo trámite como una nueva muestra de la «ilegalidad a la hora de entrar en las fincas por parte del Govern balear». En este sentido, los abogados de la Plataforma Antiautopistas mantienen que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma ha realizado la tramitación de forma ordinaria, «rechazando la petición del Govern balear, que solicitaba la exención para entrar en las fincas expropiadas», sin necesidad de reclamar una autorización previa. Por otro lado, resaltan la «paradoja» de haber solicitado desde el Govern balear una autorización para entrar en la finca de Can Malalt «cuando ya hacía tiempo que las máquinas trabajan en el lugar». Asimismo, desde la Plataforma Antiautopista no se descarta presentar un recurso de apelación ante dicha autorización.